El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una iniciativa en el Congreso de Hidalgo para garantizar que quienes aspiren a cargos públicos cumplan con sus obligaciones alimentarias. La diputada Claudia Luna encabezó la propuesta, la cual busca reformar el Código Electoral del Estado de Hidalgo para establecer como requisito obligatorio la presentación de un Certificado de No Deudor Alimentario Moroso en lugar de la actual declaración bajo protesta de decir verdad.

Reforma Al Código Electoral

La iniciativa plantea la modificación de la fracción III del artículo 10 Bis del Código Electoral de Hidalgo, exigiendo que aspirantes a la gubernatura, diputaciones, presidencias municipales, sindicaturas y regidurías acrediten que no están inscritos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

Durante el proceso electoral de 2024, los candidatos únicamente tenían que presentar una declaración en el denominado “formato 7”, sin verificación real del cumplimiento de sus obligaciones. Con esta reforma, se busca un mecanismo más riguroso y transparente.

Cabe destacar que aquellos aspirantes inscritos en el registro podrán participar en las elecciones solo si demuestran que han regularizado sus pagos o tramitado el descuento correspondiente.

Impacto Y Beneficios De La Iniciativa

Según la diputada Claudia Luna, la implementación de este requisito traerá consigo diversas ventajas:

🔹 Protección a menores: Se garantizará que los candidatos a cargos de elección popular cumplan con sus responsabilidades alimentarias, protegiendo así el bienestar de niñas, niños y adolescentes.

🔹 Mayor transparencia: Exigir un documento oficial en lugar de una declaración sin verificación fortalecerá la credibilidad del proceso electoral.

🔹 Fomento de la responsabilidad: Enviará un mensaje claro sobre la importancia de las obligaciones familiares, equiparándolas con otras responsabilidades públicas.

🔹 Confianza ciudadana: Mejorará la percepción pública de los aspirantes y las instituciones electorales al asegurar que los candidatos sean personas responsables con su entorno familiar.

Compromiso Con La Justicia Social

Claudia Luna enfatizó que esta medida no solo es un requisito administrativo, sino un compromiso con la transparencia y la justicia social. También señaló que la emisión del certificado no representará un gasto para el Estado, ya que el costo aproximado de 70 pesos será cubierto por los propios aspirantes.

“Exigir este certificado es un compromiso con las mujeres que día a día cargan con una doble o triple responsabilidad. No podemos permitir que quienes no cumplen con sus deberes familiares pretendan asumir responsabilidades públicas”, expresó la legisladora.

La iniciativa ha sido turnada a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para su análisis, donde se determinará su viabilidad y posible implementación en futuros procesos electorales en Hidalgo.

En sesión ordinaria, el Congreso de Hidalgo analizó diversas iniciativas legislativas que abarcan desde la prohibición de las corridas de toros hasta el fortalecimiento de políticas públicas en favor de la equidad de género, la protección de la infancia y el desarrollo sustentable del maguey.

Prohibición De Corridas De Toros

El diputado Avelino Tovar Iglesias (PVEM) presentó una propuesta de reforma al artículo 65 de la Ley de Protección y Trato Digno para los Animales en el Estado de Hidalgo, con el objetivo de prohibir las corridas de toros en la entidad.

Desde la tribuna, argumentó que esta medida responde a la necesidad de garantizar el bienestar animal, eliminando espectáculos que provocan sufrimiento físico y emocional. Además, destacó que la iniciativa promueve una cultura de respeto y no violencia, alineándose con normativas internacionales que condenan el maltrato animal.

A esta propuesta se sumaron legisladores de Morena, PAN, Movimiento Ciudadano, PT y PRI.

Eliminación De Edad Mínima Para Cargos Públicos

Las y los diputados Mónica Leanett Reyes Martínez (Nueva Alianza), Alma Rosa Elías Paso, Andrés Velázquez Vázquez y Miguel Ángel Moreno Zamora (Morena) propusieron reformas a la Constitución Política del Estado de Hidalgo para eliminar la edad mínima como requisito para ocupar cargos públicos.

Según los legisladores, esta medida permitiría que cualquier persona con la preparación adecuada pueda acceder a estos espacios, fortaleciendo la democracia y ampliando la participación ciudadana en la administración pública.

Fomento De La Paternidad Y Maternidad Responsable

La diputada Paloma Barragán Santos (Morena) presentó una iniciativa para reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo. La propuesta busca que la Secretaría de Educación Pública incorpore dentro de sus actividades educativas la promoción de una paternidad y maternidad responsables, fomentando la corresponsabilidad en la crianza y el bienestar familiar.

Creación De La Secretaría De Las Mujeres

El legislador Leonel Perusquía Muedano (PRD) propuso la creación de la Secretaría de las Mujeres del Estado de Hidalgo, con el objetivo de fortalecer las políticas públicas en favor de la equidad de género. Esta dependencia permitiría mayor visibilidad, recursos y estrategias para atender las problemáticas que afectan a las mujeres en la entidad.

Certificado De No Deudor Alimentario Para Aspirantes A Cargos Electorales

La diputada Claudia Lilia Luna Islas (PAN) presentó una iniciativa para reformar el Código Electoral del Estado de Hidalgo, estableciendo como requisito obligatorio la presentación de un certificado de no deudor alimentario moroso para quienes busquen participar en procesos electorales.

Actualmente, los aspirantes pueden entregar una carta bajo protesta de decir verdad. Con esta reforma, se busca garantizar que quienes aspiren a un cargo público cumplan con sus responsabilidades familiares.

Protección A La Infancia En Situación De Vulnerabilidad

El legislador Francisco Javier Téllez Sánchez (PT) propuso modificar la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Hidalgo, incorporando el desamparo familiar, el abandono y la orfandad como factores prioritarios en la protección de menores.

Con esta reforma, se otorgarían mayores facultades a las autoridades para diseñar e implementar políticas que aseguren el bienestar y desarrollo integral de la infancia en riesgo.

Replanteamiento De La Veda Magueyera

Los diputados Arturo Gómez Canales y Andrés Velázquez Vázquez (Morena) propusieron modificaciones a la Ley para el Manejo Sustentable del Maguey del Estado de Hidalgo, con el fin de replantear la veda de esta planta.

La iniciativa busca establecer un sistema de control y regulación que permita el aprovechamiento responsable del maguey, equilibrando su conservación con las necesidades económicas de los productores.

Mejoras En Imagen Urbana Y Desarrollo Municipal

El diputado Julián Nochebuena Hernández (Morena) presentó un exhorto dirigido a los ayuntamientos para que implementen acciones alineadas con la Ley de Imagen Urbana para el Estado de Hidalgo.

La propuesta incluye la revisión y modificación de planes de desarrollo municipal en temas de ordenamiento territorial y publicidad, con el objetivo de fortalecer el crecimiento ordenado de las ciudades.

Con estas iniciativas, el Congreso de Hidalgo avanza en la construcción de un marco legal que aborde temas clave como la protección animal, la equidad de género, la transparencia en la función pública y el desarrollo sustentable.

La inhabilitación es una sanción administrativa que impide a una persona ocupar cualquier cargo dentro del gobierno, ya sea a nivel municipal, estatal o federal, sin importar si es de confianza, honorarios o de base. Además, prohíbe a los inhabilitados ser proveedores, prestadores de servicios o participar en la ejecución de contratos públicos, tanto de manera individual como en sociedades mercantiles.

En casos de corrupción, la inhabilitación es solo una parte de las sanciones que puede enfrentar un funcionario. De acuerdo con la Ley de Responsabilidades, un servidor público puede ser inhabilitado por incumplir con la presentación de sus declaraciones patrimoniales y de intereses. Esta sanción tiene un rango de duración entre tres meses y un año, y puede ser aplicada nuevamente en caso de reincidencia. Es importante destacar que la inhabilitación no exime al funcionario de cumplir con sus obligaciones, ya que su deber de presentar declaraciones sigue vigente.

La inhabilitación opera de manera independiente a las penas que puedan imponer los tribunales por delitos de corrupción. Mientras que la sanción administrativa impide el acceso a cargos públicos o contratos gubernamentales, las condenas judiciales pueden incluir prisión, multas, confiscación de bienes y la reparación del daño. De esta manera, el sistema legal busca que los responsables enfrenten todas las consecuencias de sus actos sin que una sanción sustituya a la otra.

El registro de inhabilitaciones se encuentra en el Sistema Nacional de Servidores Públicos Sancionados, administrado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. La información de estos registros puede consultarse mediante las Constancias de No Inhabilitación, un documento similar a la Constancia de No Antecedentes Penales, que permite a las instituciones verificar la idoneidad de un candidato antes de contratarlo.

Asimismo, la Plataforma Digital Nacional permitirá consultar bases de datos interconectadas que contienen información sobre declaraciones patrimoniales, faltas administrativas y registros de contrataciones públicas. Esto facilitará la toma de decisiones con base en evidencia y promoverá una mayor transparencia en la administración pública.

En el combate a la corrupción, la inhabilitación es solo una de las muchas acciones que pueden tomarse contra los responsables. Dependiendo de la gravedad del caso, las sanciones pueden ser complementadas por investigaciones de la Procuraduría, la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Unidad de Inteligencia Financiera y organismos internacionales como INTERPOL.

Finalmente, los datos abiertos del portal de inhabilitados permiten que los medios de comunicación informen a la sociedad sobre los funcionarios sancionados, ya que las autoridades encargadas de emitir las sanciones no pueden hacerlas públicas directamente.

En conclusión, la inhabilitación es una herramienta clave dentro del sistema de rendición de cuentas, pero en temas de corrupción representa solo una parte de la condena que enfrentan quienes infringen la ley.