Pachuca, Hidalgo, 25 de junio de 2025.– A pocos días de la entrada en vigor de la reforma laboral que reconoce los derechos de repartidores y conductores de plataformas digitales, trabajadores de este sector en Pachuca manifestaron su preocupación por el impacto económico que podría representar el nuevo esquema de seguridad social y prestaciones obligatorias.

La modificación a la Ley Federal del Trabajo (LFT), publicada el 24 de diciembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación, obliga a empresas como Uber, DiDi, Rappi y similares a inscribir a sus colaboradores al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a partir del 1 de julio de 2025. La nueva regulación garantiza derechos como aguinaldo, vacaciones, utilidades, protección contra despidos injustificados y acceso a vivienda a través del Infonavit, sin imponer horarios fijos.

Sin embargo, repartidores entrevistados señalaron que aún existen muchas dudas sobre cómo se aplicarán los descuentos a sus ingresos, y si estos permitirán mantener la rentabilidad de su trabajo, ya que deben asumir costos como gasolina, mantenimiento de vehículos, herramientas tecnológicas y equipos de protección personal.

Roberto, repartidor con casi un año de experiencia en la entrega de alimentos, comentó que tuvo que invertir en un nuevo teléfono móvil y plan de datos para cumplir con las exigencias del servicio. “Invertí en equipo porque mi celular era muy lento. Entiendo que el seguro puede ayudarnos, pero si los descuentos son altos, podría no valer la pena seguir en esto”, expresó.

Rubén Guerrero, quien utiliza motocicleta para sus entregas, opinó que la reforma es positiva en papel, pero desconectada de la realidad operativa del sector. “Gastamos en gasolina, calzado especial y mantenimiento. No es tan simple como que ahora nos darán seguro. Lo que nos preocupa es cuánto dinero dejarán en nuestras manos”, afirmó.

Otro repartidor, Eduardo Guzmán, coincidió en que el beneficio no es automático. Aunque reconoció que contar con seguridad social representa un respaldo, considera que los servicios del IMSS no siempre cubren sus necesidades. “No hay medicinas, y además ya tengo casa. El crédito de vivienda no me interesa, y tampoco me emociona esperar años para acceder a uno”, señaló.

La reforma también establece una jornada laboral máxima de 48 horas semanales con al menos un día de descanso obligatorio. Las plataformas no podrán sancionar a los trabajadores por desconectarse o reducir su actividad. En caso de incumplimientos, las empresas se enfrentarán a sanciones que van desde 250 hasta 25 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), dependiendo de la gravedad de la infracción, como la omisión en el registro al IMSS, retención indebida de ingresos o simulación de relaciones laborales.

Aunque la intención del nuevo marco legal es garantizar condiciones más dignas y justas para quienes laboran en la economía digital, los trabajadores de reparto demandan que las autoridades aclaren cómo se aplicarán las retenciones y que se considere su realidad económica antes de implementar los cobros.