Pachuca, Hidalgo, 13 de julio de 2025.– Cuatro personas fueron vinculadas a proceso por su presunta participación en el secuestro agravado de dos agentes adscritos a la División de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), además de estar relacionadas con delitos contra la salud y portación ilegal de cartuchos reservados para uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Los hechos ocurrieron el pasado 6 de julio en un domicilio de la colonia La Loma, en Pachuca de Soto, donde tres hombres identificados con las iniciales V. C. A., R. C. P. y A. J. O. L., junto con una mujer de iniciales M. R. H., habrían agredido físicamente a elementos de la Agencia de Investigación Criminal. Las víctimas, asignadas al Centro de Justicia para Mujeres, fueron atacadas durante el cumplimiento de sus funciones.

Tras los hechos, las personas implicadas fueron detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público, instancia que inició el procedimiento penal correspondiente y solicitó audiencia ante la autoridad judicial.

Durante la audiencia inicial, celebrada el pasado 8 de julio, la representación ministerial presentó cargos formales. Sin embargo, la defensa de los imputados solicitó la ampliación del término constitucional a 144 horas. Finalmente, este 13 de julio, tras valorar los elementos de prueba aportados, el juez de control determinó vincular a proceso a las cuatro personas involucradas.

Como parte de las medidas cautelares, se ordenó prisión preventiva oficiosa para los imputados, mientras que el plazo establecido para el cierre de la investigación complementaria será de tres meses. La PGJEH continuará con las diligencias a fin de esclarecer completamente los hechos y garantizar justicia para las víctimas.

Oficinas centrales del Arco Norte, 10 de julio de 2025.— Autoridades de cinco entidades federativas, junto con funcionarios federales y representantes del sector privado, participaron en una mesa de trabajo interestatal en la sede operativa de la autopista Arco Norte, con el objetivo de evaluar los avances en materia de seguridad y fortalecer las estrategias de vigilancia en esta vía de tránsito clave para la región centro del país.

El encuentro reunió a representantes de los gobiernos de Hidalgo, Puebla, Estado de México, Tlaxcala y Ciudad de México, quienes revisaron los resultados de las acciones implementadas desde mayo pasado, enfocadas en reducir los delitos que afectan al transporte de carga y al tránsito vehicular en esta autopista de alta conectividad.

Durante su intervención, el secretario de Gobierno de Hidalgo, Guillermo Olivares Reyna, reiteró la disposición del estado para continuar impulsando esquemas de coordinación interinstitucional que fortalezcan la seguridad. Subrayó que la cooperación entre entidades es indispensable para proteger a los ciudadanos y al sector logístico, ambos fundamentales para el desarrollo económico.

Santiago Córdoba García, director de operaciones de la concesionaria IDEAL, informó que, a raíz de la primera reunión sostenida en mayo, se ha registrado una disminución significativa en los reportes de asaltos durante los meses de mayo y junio, comparado con el comportamiento delictivo previo a dicha fecha.

Uno de los compromisos más relevantes asumidos en esta mesa de trabajo fue avanzar en la interconexión tecnológica entre los sistemas de videovigilancia del Arco Norte y los Centros de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) de Hidalgo y los estados colindantes. Esta interoperabilidad permitirá compartir información en tiempo real y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.

El secretario de Gobierno de Puebla, Samuel Aguilar Pala, destacó la importancia de este modelo de colaboración regional y señaló que la Secretaría de Gobernación federal respalda plenamente estos esfuerzos conjuntos, al considerarlos una referencia positiva de coordinación entre gobiernos estatales.

La jornada concluyó con el acuerdo de mantener encuentros periódicos entre las entidades participantes, con el propósito de afinar los protocolos de actuación, mejorar la protección de los usuarios del Arco Norte y brindar mayor certidumbre a los sectores productivos que dependen del transporte terrestre.

Pachuca, Hidalgo, 25 de junio de 2025.— En un esfuerzo por valorar las prácticas curativas heredadas por generaciones, el gobierno estatal, a través de la Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas (CEDSPI), ha iniciado un censo especializado para localizar y registrar a personas dedicadas a la medicina tradicional en comunidades indígenas.

Esta iniciativa contempla el reconocimiento formal de parteras, curanderos, herbolarios, hueseros y otros sanadores ancestrales, quienes han sostenido el cuidado de la salud comunitaria mediante saberes que combinan lo físico, emocional y espiritual. El objetivo es generar un padrón oficial que permita visibilizar su relevancia y asegurarles un lugar dentro de las políticas públicas de salud intercultural.

El censo abarca 45 municipios distribuidos en tres regiones con presencia indígena: Otomí-Tepehua, Huasteca hidalguense y Valle del Mezquital. El trabajo se desarrolla en coordinación con autoridades municipales y con pleno respeto a la organización interna de cada comunidad, considerando la diversidad de prácticas y contextos culturales.

De acuerdo con el último informe, ya se han visitado 15 municipios donde han sido reconocidos más de 300 practicantes tradicionales. Cada uno de ellos desempeña un rol vital en su entorno, desde la atención de nacimientos hasta el tratamiento de padecimientos físicos y emocionales mediante métodos naturales y rituales comunitarios.

Prisco Manuel Gutiérrez, titular de la CEDSPI, expresó que esta acción representa un paso esencial hacia la reparación histórica con los pueblos originarios. Señaló que reconocer su labor no es solo una cuestión administrativa, sino un acto de respeto a su identidad, su autonomía y su derecho a ejercer su propia forma de entender la vida y la salud.

El censo continuará durante las próximas semanas y se ha establecido como una de las acciones prioritarias en la agenda estatal en materia de derechos indígenas. A través de este proceso, Hidalgo avanza hacia una política pública que no solo documenta la sabiduría ancestral, sino que la integra como una parte activa y vigente del desarrollo social.