Las y los trabajadores de la educación podrán acceder a servicios médicos más cercanos gracias al acuerdo alcanzado entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que permitirá instalar consultorios en edificios sindicales con espacios disponibles.

La estrategia fue anunciada durante una reunión encabezada por el secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, y el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, en la que participaron integrantes de los órganos nacionales de gobierno sindical y dirigentes de las secciones del país.

Como parte de este compromiso, el SNTE pondrá a disposición inmuebles sindicales para apoyar el programa nacional del ISSSTE, mediante el cual se prevé habilitar 500 nuevos consultorios en edificios públicos con el objetivo de ampliar la cobertura médica para las y los derechohabientes.

Además, ambas instituciones acordaron realizar reuniones en cada entidad federativa durante los próximos 100 días para revisar el Plan de Salud del ISSSTE e incorporar las necesidades específicas del magisterio en cada estado.

Durante el encuentro, los representantes sindicales expusieron las principales problemáticas que enfrentan los trabajadores de la educación al recibir atención médica, entre ellas la insuficiencia de consultorios, la falta de médicos generales y especialistas, los largos tiempos de espera para consultas y cirugías, el desabasto de medicamentos, la saturación hospitalaria, las deficiencias en el traslado de pacientes y la necesidad de fortalecer la infraestructura de clínicas y hospitales.

Asimismo, el SNTE reiteró la propuesta de revisar la Ley del ISSSTE de 2007 para fortalecer el sistema de pensiones y jubilaciones de los trabajadores al servicio del Estado, iniciativa que, de acuerdo con la organización sindical, cuenta con sustento en estudios actuariales.

Por su parte, Martí Batres reconoció al SNTE como el representante legal y principal interlocutor del magisterio nacional, al tiempo que manifestó la disposición del instituto para mantener el diálogo y avanzar en soluciones que mejoren la atención médica de las maestras y maestros.

Los acuerdos alcanzados buscan ampliar el acceso a los servicios de salud y atender de manera gradual las principales demandas del sector educativo en materia de seguridad social.

Hidalgo concluyó la primera entrega de resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2025 sin observaciones económicas ni administrativas, de acuerdo con información de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En esta etapa, la ASF realizó 32 auditorías, una por cada entidad federativa, enfocadas en los recursos correspondientes a la Distribución de las Participaciones Federales.

Para el caso de Hidalgo, el monto revisado fue de 6 mil 567 millones 686 mil 910.70 pesos, sin que se determinaran observaciones económicas o administrativas.

El Gobierno de Hidalgo señaló que este resultado refleja una administración pública basada en la disciplina financiera, el fortalecimiento de controles internos y la correcta aplicación de los recursos públicos.

También se destacó el trabajo de la Secretaría de Hacienda estatal, encabezada por Esther Ramírez Vargas, por la conducción técnica y administrativa de las finanzas públicas, así como la coordinación permanente con las instancias fiscalizadoras.

La Secretaría de Contraloría informó que este avance es resultado de acciones de prevención, acompañamiento institucional, supervisión y fortalecimiento de mecanismos de rendición de cuentas en las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.

“Más que corregir errores, nuestro objetivo es evitarlos. La prevención, la capacitación y el fortalecimiento de los controles internos permiten que los recursos públicos lleguen a donde deben llegar: al bienestar de las y los hidalguenses”, señaló el secretario de Contraloría, Álvaro Bardales Ramírez.

La dependencia recordó que la fiscalización es un proceso continuo, por lo que el Gobierno del Estado mantendrá la colaboración con la Auditoría Superior de la Federación en las siguientes entregas de resultados de la Cuenta Pública 2025.

Con este resultado, Hidalgo fortalece su compromiso con el manejo transparente, legal y responsable de los recursos públicos, así como con la rendición de cuentas ante la ciudadanía.

Autoridades del Gabinete de Seguridad de Hidalgo supervisaron la destrucción y neutralización de un túnel relacionado con el robo de hidrocarburo, ubicado sobre la antigua carretera La Paz, en el municipio de Pachuca de Soto.

La intervención forma parte de la estrategia permanente para combatir este delito y prevenir riesgos para la población, debido al peligro que representan las estructuras clandestinas utilizadas para la extracción ilegal de combustible.

El túnel había sido previamente asegurado por la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que las autoridades coordinaron los trabajos necesarios para su destrucción, con la participación de distintas instituciones de seguridad y procuración de justicia.

Durante el recorrido técnico, el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, señaló que el Gabinete de Seguridad trabaja tanto en la planeación como en territorio, con acciones coordinadas para atender de manera directa los riesgos asociados al robo de hidrocarburos.

“El tema del robo de hidrocarburos no solamente implica combatir a la delincuencia que se dedica a esta actividad ilícita; también significa evitar que sucedan tragedias que pongan en riesgo la vida de las personas”, expresó.

Olivares Reyna destacó que estas acciones reflejan la coordinación entre la FGR, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, la Procuraduría General de Justicia del Estado, el Centro Nacional de Inteligencia, Petróleos Mexicanos y demás instituciones que integran el Gabinete de Seguridad.

Con la destrucción de esta infraestructura clandestina, el Gobierno de Hidalgo busca fortalecer el combate al robo de hidrocarburo, reducir riesgos para las comunidades y mantener una estrategia de seguridad basada en el trabajo conjunto entre los tres órdenes de gobierno.