Ciudad de México, 7 de junio de 2025.— La Clave Única de Registro de Población (CURP) es un documento esencial para realizar cualquier trámite oficial en México, desde acceder a servicios de salud hasta incorporarse a programas sociales. No obstante, autoridades advierten que errores en su registro pueden generar problemas significativos para las y los ciudadanos.

El Registro Nacional de Población (Renapo) ha identificado diversas inconsistencias en la emisión de CURP, entre las que destacan errores en la escritura del nombre o apellidos, registros incorrectos de fecha o lugar de nacimiento, asignación equivocada del sexo, duplicidad del documento, e incluso discrepancias en los datos del acta de nacimiento, como número, libro, foja, tomo, entidad o municipio.

Estas fallas pueden generar incompatibilidades con otros documentos oficiales, como el acta de nacimiento o el pasaporte, y llegar a impedir la validación de identidad en trámites administrativos o en el acceso a apoyos gubernamentales.

En caso de detectar algún error en la CURP, las personas afectadas deben acudir de manera presencial a un módulo de atención ciudadana del Renapo. Para solicitar la corrección es necesario presentar alguno de los siguientes documentos: acta de nacimiento, certificado de nacionalidad mexicana o carta de naturalización, según corresponda.

La Secretaría de Gobernación cuenta con una línea de atención telefónica para brindar orientación sobre este trámite. El servicio está disponible de lunes a viernes, de 08:00 a 16:00 horas, a través del número 800 911 1111, extensiones 15100 y 15101.

Contar con una CURP verificada y certificada ante Renapo es fundamental para garantizar el acceso pleno a servicios educativos, de salud, seguridad social y programas institucionales. Las autoridades exhortan a la ciudadanía a revisar la información contenida en su CURP y, en caso de irregularidades, realizar las gestiones necesarias para su corrección.

Ciudad de México, 6 de junio de 2025.— Con el propósito de garantizar a las familias de escasos recursos el acceso a productos alimenticios de calidad a precios accesibles, el Gobierno Federal impulsa la expansión de las Tiendas del Bienestar, también conocidas como Diconsa, en localidades con altos niveles de marginación en todo el país.

Este modelo, que opera actualmente con más de 27 mil tiendas fijas y 300 unidades móviles, ha sido fortalecido para generar un vínculo directo entre productores y consumidores, favoreciendo el acceso físico y económico a los alimentos básicos. Desde su relanzamiento en noviembre de 2024 por la entonces jefa de Gobierno y ahora presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, este programa representa un eje prioritario en la estrategia social para combatir la desigualdad alimentaria.

Las comunidades interesadas en contar con una Tienda del Bienestar deben cumplir ciertos requisitos. Entre ellos, manifestar su necesidad colectiva y disposición para proporcionar un espacio físico y el mobiliario necesario. Asimismo, los solicitantes deberán reunir al menos 15 firmas de jefas o jefes de familia, con las que avalen el formato de solicitud de apertura de tienda, el cual deberá entregarse en la sucursal, unidad operativa o almacén de Diconsa más cercano.

La institución federal se compromete a responder en un plazo no mayor a 45 días naturales. No obstante, la autorización definitiva estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria. El trámite es completamente gratuito y contempla una capacitación previa en atención al cliente y gestión administrativa para quienes operen el punto de venta.

En estas tiendas, las familias pueden adquirir productos de la canasta básica a precios muy por debajo del mercado. Por ejemplo, el kilo de maíz se ofrece a seis pesos, mientras que el frijol se encuentra en 35 pesos por kilo. A ello se suma una amplia gama de artículos esenciales: aceite, arroz, leche, azúcar, sal, avena, papel higiénico, detergente, pasta, toallas sanitarias, jugos, café, chiles, cereales, entre otros.

También se comercializan productos como miel, cacao, artículos de limpieza, alimentos infantiles, fórmulas lácteas, pañales, condimentos, chocolate de mesa, encendedores, jabones, y raticidas, con el fin de cubrir las necesidades básicas de las familias beneficiarias. La diversidad de productos responde a criterios de calidad, accesibilidad y utilidad cotidiana.

Este modelo de autoservicio comunitario representa una herramienta estratégica para reducir la brecha alimentaria, dinamizar las economías locales y promover la autosuficiencia alimentaria en regiones históricamente marginadas.

Ciudad de México, 6 de junio de 2025.— En el marco de su compromiso con la inclusión y los derechos humanos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a través de la Escuela Judicial Electoral (EJE), organizó la conferencia magistral “El Derecho Transversal de las Personas con Discapacidad: Perspectivas de Investigación para el Cambio Social”, impartida por el catedrático y diputado del Congreso Español, Enrique Belda Pérez-Pedrero.

El evento contó con la participación del magistrado de la Sala Superior del TEPJF, Felipe de la Mata Pizaña, así como de Wendy Jarquín Orozco, jefa de la unidad académica de la EJE. En este espacio de reflexión, se abordó la urgencia de fortalecer las acciones afirmativas dirigidas a personas con discapacidad, no solo como parte de una política de representación, sino como una vía para generar transformaciones estructurales.

Durante su intervención, De la Mata Pizaña sostuvo que de cara a una posible reforma electoral, el país debe considerar una legislación que garantice no únicamente el acceso de personas con discapacidad a cargos de representación, sino que impulse su participación activa y fundamentada en propuestas construidas desde y para esa comunidad. Recalcó que las acciones afirmativas requieren continuidad y evaluación para asegurar su eficacia y evitar que se conviertan en medidas simbólicas.

Por su parte, Enrique Belda Pérez-Pedrero lamentó que el derecho de las personas con discapacidad siga siendo una vertiente subestimada dentro del campo jurídico. Enfatizó la necesidad de que académicos, juristas y legisladores trabajen con mayor profundidad sobre este derecho humano, el cual resulta esencial para construir una sociedad más equitativa.

El académico español puntualizó que uno de los principales desafíos es lograr una protección legal verdaderamente efectiva para personas con discapacidad intelectual o psicosocial. Consideró que corresponde a los poderes públicos impulsar todas las medidas necesarias, incluyendo la asignación de recursos económicos, para asegurar una inclusión plena y efectiva en todos los ámbitos de la vida pública y privada.

La conferencia reafirmó la importancia de integrar el enfoque de discapacidad como un eje transversal en la legislación, investigación y políticas públicas, promoviendo un modelo de inclusión sustentado en la equidad, la dignidad y la corresponsabilidad institucional.