GOBIERNO
La Contraloría Intensifica Acciones para Garantizar la Eficiencia y Transparencia en el Servicio Público
Durante el primer trimestre del año en curso, la Contraloría del Estado ha intensificado sus esfuerzos para asegurar que los servidores públicos cumplan con sus responsabilidades de manera efectiva y eficiente. Esta iniciativa busca garantizar la adecuada distribución de los recursos públicos en concordancia con los principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas, mientras se erradican prácticas indebidas como la presencia de aviadores y la duplicidad de plazas, violaciones directas a la Ley Orgánica de la Administración Pública.
Como parte de estas acciones, se han iniciado 152 procedimientos derivados de supervisiones realizadas, motivados por la falta de documentación que subsanara las observaciones del contralor en diversas áreas administrativas. Estas revisiones son esenciales para mantener la integridad y la transparencia en la gestión pública.
Como resultado de estas acciones, un total de 13 exservidores públicos presentaron su renuncia de manera voluntaria ante sus respectivos organismos debido a las irregularidades detectadas y las conductas indebidas observadas. Además, 11 empleados fueron separados de sus cargos una vez iniciados los procedimientos pertinentes, cumpliendo estrictamente con las normativas, procedimientos y políticas establecidas por la institución.
La Contraloría subraya la importancia de brindar la oportunidad de proporcionar retroalimentación y orientación a los servidores públicos para aclarar cualquier duda o justificar las irregularidades detectadas. A través de las áreas administrativas, los organismos involucrados tienen la posibilidad de presentar documentación que explique y justifique las observaciones realizadas, lo que permite un proceso justo y transparente.
La supervisión objetiva desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de la confianza de los ciudadanos en la administración pública. Garantiza que las acciones de los servidores del gobierno del estado sean imparciales y estén alineadas con los principios de justicia y equidad. Estas medidas reafirman el compromiso del gobierno estatal con la transparencia y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos, promoviendo una administración más confiable y responsable.
La Contraloría continuará con su labor de supervisión y auditoría para asegurar que los recursos públicos sean utilizados de manera adecuada y que los servidores públicos actúen con integridad y responsabilidad, manteniendo así la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.
GOBIERNO
Proveedores Y Contratistas Ya Podrán Hacer Trámites En Línea En Hidalgo
Empresarios y contratistas ya podrán realizar en línea sus trámites de inscripción, actualización y revalidación ante el gobierno de Hidalgo.
Empresarios y contratistas que buscan trabajar con el gobierno de Hidalgo ya podrán realizar en línea sus trámites de inscripción, actualización y revalidación, sin tener que acudir físicamente a una oficina.
La Secretaría de Contraloría puso en marcha la Oficina Virtual de Proveedores y Contratistas, una plataforma que busca reducir traslados, acortar tiempos de atención y hacer más sencillos los procedimientos para empresas hidalguenses y de todo el país.

El titular de la dependencia, Álvaro Bardales, explicó que esta herramienta permitirá integrar expedientes electrónicos mediante mecanismos de identidad digital, lo que brinda mayor seguridad jurídica y facilita el seguimiento de los trámites.
Además de la oficina virtual, la Contraloría renovó el sistema de consulta pública del padrón estatal de proveedores y contratistas, con un buscador más rápido e intuitivo para revisar información relacionada con transparencia y contrataciones públicas.
Con esta actualización, dependencias, municipios y ciudadanía en general podrán identificar con mayor facilidad las especialidades acreditadas de cada proveedor o contratista, consultar información pública y contar con más elementos para conocer quiénes participan en los procesos de contratación del Estado.
Álvaro Bardales señaló que la digitalización no se trata solo de cambiar el papel por una computadora, sino de construir instituciones más eficientes y transparentes.

“Cuando eliminamos filas, traslados y trámites innecesarios, también reducimos espacios para la discrecionalidad. La tecnología bien utilizada se convierte en una aliada de la transparencia y de la rendición de cuentas. Ese es el propósito de esta nueva plataforma: facilitar la vida de quienes cumplen con la ley y fortalecer la confianza de la ciudadanía en las contrataciones públicas”, afirmó el contralor hidalguense.
El funcionario recordó que, durante los últimos años, la Contraloría ha impulsado una transformación digital mediante nuevas plataformas de declaraciones patrimoniales, entrega-recepción, sistemas de control interno y servicios electrónicos.
De acuerdo con la dependencia, estas acciones forman parte del modelo de gobierno que impulsa el gobernador Julio Menchaca Salazar, enfocado en acercar los servicios públicos a la ciudadanía, simplificar trámites y utilizar la tecnología para prevenir la corrupción.
“La instrucción del gobernador Julio Menchaca es muy clara: acercar el gobierno a la gente, simplificar los trámites y aprovechar la tecnología para construir instituciones más abiertas, más eficientes y más transparentes. Hoy damos un paso más en esa ruta. Que viajen en los datos y no la gente”, concluyó Álvaro Bardales.
GOBIERNO
Copladem Revisan Necesidades Y Proyectos Prioritarios En Municipios De Hidalgo
Los Copladem revisan avances, necesidades y proyectos prioritarios en municipios de Hidalgo con participación de autoridades y sectores sociales.
Obras, acciones públicas y necesidades prioritarias de distintos municipios de Hidalgo están siendo revisadas a través de los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal (Copladem), espacios donde autoridades y representantes sociales participan para definir qué temas deben atenderse en cada demarcación.
En días recientes, la Unidad de Planeación y Prospectiva participó en reuniones realizadas en Tula de Allende, Tasquillo, Huazalingo, Francisco I. Madero, Tulancingo de Bravo, Apan, Mineral de la Reforma, El Arenal, San Felipe Orizatlán, Mineral del Monte y Zapotlán, entre otros municipios.

Durante estos encuentros se revisaron avances, se identificaron necesidades urgentes y se plantearon estrategias conjuntas entre ayuntamientos, dependencias estatales y representantes de los sectores social, público y privado.
La importancia de estas sesiones está en que las decisiones municipales no se tomen solo desde el escritorio, sino también con la participación de quienes conocen de cerca los problemas de sus comunidades.

El titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva, Miguel Ángel Tello Vargas, señaló que los Copladem han retomado un papel fundamental durante la administración del gobernador Julio Menchaca Salazar, al funcionar como espacios de diálogo, coordinación y toma de decisiones.
De acuerdo con el funcionario estatal, este ejercicio permite dar seguimiento a las prioridades, acciones y proyectos que forman parte de la planeación municipal, además de fortalecer la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.

Miguel Ángel Tello Vargas destacó que la planeación participativa ayuda a que las decisiones públicas respondan mejor a las necesidades reales de la población y contribuyan al desarrollo integral de los municipios.
Con estas acciones, el gobierno de Hidalgo busca avanzar en una planeación más ordenada, con mayor participación ciudadana y con proyectos que respondan a lo que realmente requieren las comunidades.
GOBIERNO
Protección Del Parque Nacional El Chico: Lanzan Plan Contra Construcciones Irregulares
Los gobiernos federal, estatal y municipal implementaron el plan “Cero construcciones sin autorización” para frenar asentamientos irregulares y proteger el Parque Nacional El Chico.
Las autoridades de los tres órdenes de gobierno pusieron en marcha el plan “Cero construcciones sin autorización” en el Parque Nacional El Chico, una estrategia que busca frenar los asentamientos irregulares y garantizar que cualquier obra dentro de esta Área Natural Protegida cumpla con la legislación ambiental.
El acuerdo fue alcanzado durante una mesa de trabajo interinstitucional impulsada por el Gabinete de Seguridad, con el objetivo de fortalecer la gobernabilidad, proteger uno de los principales pulmones naturales de Hidalgo y reforzar la coordinación entre dependencias federales, estatales y municipales.

Como parte de esta estrategia, se recordó que toda obra o actividad que pretenda desarrollarse dentro del polígono del Parque Nacional El Chico deberá contar, de manera previa y obligatoria, con la Autorización en Materia de Impacto Ambiental emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). El incumplimiento de este requisito podrá derivar en las sanciones previstas por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
El secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, señaló que el objetivo es detener la invasión de espacios dentro del Parque Nacional y evitar que continúen los asentamientos irregulares, mediante una coordinación permanente entre las distintas instituciones responsables de proteger esta Área Natural Protegida.

Las autoridades informaron que las sanciones por incumplir la normatividad ambiental pueden ir de 30 a 50 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), además de clausuras temporales o definitivas, totales o parciales, dependiendo de la gravedad de cada caso.
El Parque Nacional El Chico es considerado una de las áreas naturales protegidas más importantes del país por su riqueza forestal, su biodiversidad y su papel en la captación y conservación de recursos hídricos que abastecen a diversos municipios de Hidalgo y de la región centro de México.
En esta estrategia participan, por parte del Gobierno de México, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Por parte del Gobierno de Hidalgo participan la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo, la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, así como los ayuntamientos de Pachuca, Mineral del Chico y Mineral del Monte.
Con esta estrategia, las autoridades buscan fortalecer la protección del Parque Nacional El Chico, prevenir nuevas construcciones irregulares y preservar uno de los ecosistemas más importantes del estado para las futuras generaciones.
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