San Diego, California.– Una operación migratoria realizada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un conocido restaurante italiano de San Diego desató una fuerte ola de críticas y rechazo entre legisladores, clientes y defensores de los derechos humanos.

El operativo ocurrió el pasado viernes por la tarde en el restaurante Buona Forchetta, ubicado en el barrio de South Park, donde agentes armados irrumpieron en el lugar durante el horario de mayor afluencia, provocando escenas de tensión entre los comensales. Según testimonios, los agentes utilizaron equipo táctico para detener a varios trabajadores, entre ellos tres mexicanos y un ciudadano colombiano, quienes presuntamente no portaban identificación en ese momento.

La irrupción generó tal conmoción que algunos clientes confrontaron a los oficiales, grabaron el incidente y exigieron que abandonaran el lugar. En respuesta, los agentes federales arrojaron granadas de humo para dispersar a la multitud, lo que intensificó el caos y provocó pánico entre los presentes. La administración del restaurante anunció el cierre temporal del establecimiento, señalando que el impacto emocional del evento dejó una profunda huella en su personal y en la comunidad.

El congresista Juan Vargas calificó el operativo como un “error grave”, subrayando que la presencia de agentes armados en un restaurante familiar fue innecesaria y desproporcionada. Por su parte, el legislador Scott Peters criticó duramente que se haya destinado un operativo de esta magnitud para detener a trabajadores como meseros y ayudantes de cocina.

Desde el retorno de Donald Trump a la presidencia, los operativos migratorios en espacios públicos y centros laborales se han intensificado. De acuerdo con funcionarios de la Casa Blanca, la administración busca alcanzar una meta diaria de al menos 3 mil detenciones por parte del ICE, una estrategia impulsada por Stephen Miller, uno de los principales arquitectos de la política migratoria actual.

El ICE, por su parte, reportó que tan solo en Massachusetts, en los últimos 30 días, se ha detenido a aproximadamente mil 500 personas en una operación enfocada supuestamente en redes delictivas transnacionales. Según la agencia, entre los arrestados se encuentran personas vinculadas a delitos graves como homicidio, abuso sexual infantil y narcotráfico.

En paralelo a esta política de endurecimiento, un juez federal en San Francisco bloqueó un intento del gobierno por retirar el Estatus de Protección Temporal (TPS) a cerca de cinco mil ciudadanos venezolanos. El magistrado determinó que aquellos beneficiarios con TPS vigente hasta octubre de 2026 podrán seguir residiendo y trabajando en Estados Unidos, a pesar de una resolución de la Corte Suprema que anuló protecciones para otros grupos migrantes.

El episodio en San Diego ha reavivado el debate nacional sobre el uso del poder federal en la aplicación de leyes migratorias, especialmente cuando las acciones afectan directamente a trabajadores sin antecedentes penales y generan temor en comunidades enteras.