El gobierno de Venezuela, encabezado por el presidente Nicolás Maduro, implementó una nueva reducción en la jornada laboral del sector público como respuesta a la profunda crisis energética que afecta al país. A partir del lunes pasado, los trabajadores del ámbito gubernamental laborarán únicamente tres días por semana, en horarios matutinos reducidos.

La medida establece que los empleados del sector público trabajen de lunes a viernes en jornadas de 8:00 a 12:30 horas, sumando un total de 13.5 horas semanales. Con esta política, el Ejecutivo busca disminuir el consumo eléctrico ante el creciente deterioro del sistema de generación y distribución de energía en Venezuela.

El sector educativo no se ve afectado por esta nueva disposición, ya que desde hace tiempo opera bajo un esquema laboral similar. Las clases en escuelas y universidades públicas se imparten únicamente tres días por semana, en un contexto marcado por bajos salarios, que rondan los 40 dólares mensuales, situación que ha provocado el éxodo del 70% del personal docente hacia el sector privado o al extranjero.

La crisis energética venezolana ha sido motivo de constantes denuncias por parte de la ciudadanía, que enfrenta apagones frecuentes, fallas en los servicios básicos y un profundo deterioro de la infraestructura. A pesar de las inversiones destinadas a rehabilitar las plantas eléctricas, la capacidad operativa del sistema continúa gravemente limitada.

Organizaciones como Provea, a través de su director Óscar Murillo, han advertido que el país opera actualmente con apenas el 20% de su capacidad instalada para generar electricidad. Expertos y analistas coinciden en que la corrupción, sumada a una gestión ineficaz, ha sido determinante para que las inversiones realizadas no se reflejen en mejoras reales.

No es la primera vez que Venezuela recurre a la reducción de horarios laborales como mecanismo de ahorro energético. En 2019, un apagón de gran magnitud dejó al país sin luz por varios días, afectando gravemente hospitales, medios de transporte y comunicaciones. Durante la pandemia de COVID-19 en 2020, también se implementaron recortes similares con el mismo propósito.

La reciente medida evidencia la persistencia de una crisis estructural que, pese a las promesas de recuperación, continúa impactando la vida diaria de millones de venezolanos.

El empresario musical Ángel Del Villar, originario de Zacatecas y residente en Estados Unidos, fue declarado culpable por un jurado federal tras ser vinculado con operaciones financieras relacionadas con el narcotráfico. La sentencia podría alcanzar hasta 30 años de prisión, sumando además cargos adicionales por violar la Ley Kingpin, una legislación que sanciona a personas extranjeras asociadas con redes internacionales de drogas.

Del Villar, de 45 años y fundador de la disquera Del Records, fue señalado por realizar transacciones a través de su promotora Del Entertainment con Jesús Pérez Alvear, promotor musical que operaba como enlace financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Cuinis. La justicia estadounidense estableció que el empresario mantuvo relaciones comerciales con Pérez incluso después de que este fuera oficialmente identificado por las autoridades como colaborador del narcotráfico.

Durante el juicio, la fiscalía subrayó que Del Villar tenía conocimiento del estatus legal de Pérez Alvear, quien fue asesinado en diciembre de 2024 en un restaurante de alto perfil en la Ciudad de México. Aun así, el empresario continuó trabajando con él, facilitando así la operación de dichas organizaciones delictivas.

Uno de los testimonios clave fue el del cantante Gerardo Ortiz, quien reveló haber participado en conciertos organizados por Pérez bajo la representación de Del Records. Ortiz, quien se desvinculó del sello en 2019 tras una disputa contractual, confesó que fue persuadido por Del Villar para continuar presentándose, pese a las advertencias del FBI. Esta declaración, mantenida en reserva hasta marzo de 2025, fue revelada por el fiscal federal durante la audiencia.

Del Villar fue detenido en 2022 junto a Luca Scalisi, exdirector financiero de Del Entertainment, quien será procesado por separado en julio de este año. Mientras tanto, la empresa enfrenta una multa económica de hasta 10 millones de dólares, así como un periodo de observación legal de cinco años.

Tras el veredicto, el equipo legal del productor anunció que apelará la decisión, alegando que el caso fue malinterpretado debido a su complejidad. Señalaron que el juicio se trató de una situación sin precedentes y que Del Villar fue juzgado de forma injusta.

Fundador de una de las disqueras más influyentes en el género regional mexicano, Del Villar impulsó las carreras de figuras como Lenin Ramírez, Eslabón Armado y Peso Pluma, además de haber producido éxitos como “Ella Baila Sola”.

Este caso forma parte de la operación “Take Back America”, una estrategia implementada por el Departamento de Justicia de EE. UU. para combatir redes delictivas transnacionales y frenar su influencia en el país. La audiencia de sentencia para Ángel Del Villar está prevista para el próximo 15 de agosto.

El exfutbolista brasileño Dani Alves ganó su apelación contra una condena por agresión sexual luego de que un tribunal de apelaciones en Barcelona anulara el fallo este viernes, argumentando que no existían pruebas suficientes para descartar su presunción de inocencia.

Dani Alves había sido declarado culpable en febrero de 2024 por supuestamente violar a una mujer en el baño de una discoteca en diciembre de 2022, lo que le valió una condena de cuatro años y seis meses de prisión. Sin embargo, durante la apelación, los cuatro jueces que revisaron el caso determinaron por unanimidad que el testimonio de la presunta víctima difería significativamente de las pruebas presentadas, especialmente del video grabado antes de que ambos ingresaran al baño.

La defensa del exjugador, encabezada por la abogada Inés Guardiola, celebró la decisión, afirmando que “Dani Alves es inocente, y eso está demostrado”. Este fallo es un importante revés para la fiscalía, que buscaba aumentar la condena a nueve años, y para el abogado de la demandante, quien pedía una sentencia de hasta 12 años de prisión.

Este juicio fue el primer caso de alto perfil bajo la nueva ley del “sólo sí es sí” aprobada en España en 2022. Esta legislación define el consentimiento como una expresión clara y explícita de la voluntad de una persona, dejando claro que el silencio o la pasividad no equivalen a consentimiento.

Según el testimonio de la presunta víctima, ella había ingresado voluntariamente al baño tras bailar con Alves, pero cuando intentó retirarse, él no se lo permitió y la obligó a mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad. Alves, por su parte, siempre sostuvo que el acto fue consensuado y que nunca se le pidió que se detuviera o abandonara el lugar.

Dani Alves permaneció en prisión desde el 20 de enero de 2023 hasta marzo de 2024, cuando fue liberado tras pagar una fianza de un millón de euros, entregando además sus pasaportes para evitar el riesgo de fuga.

Este fallo del tribunal de apelaciones en Barcelona aún puede ser impugnado ante el Tribunal Supremo español en Madrid, lo cual deja abierta la posibilidad de que el caso continúe en el sistema judicial. Por ahora, la absolución de Alves marca un punto crucial en un proceso que ha sido seguido con gran atención en España y el mundo.