Para hacer frente a la temporada invernal y brindar respaldo a las comunidades más necesitadas, el Sistema DIF Hidalgo llevó a cabo la entrega de 2 mil cobijas en 25 localidades de Actopan, como parte de la estrategia “Este Invierno, Abrígalo”. Durante el evento, Edda Vite Ramos, presidenta del Patronato del DIF Hidalgo, subrayó que esta iniciativa busca atender con cercanía y sensibilidad a los sectores más desprotegidos del estado.

En esta primera etapa del programa, impulsado por el Gobierno de Hidalgo y el Sistema DIF Estatal, ya se han distribuido 5 mil cobijas de las más de 40 mil que serán entregadas en los 22 municipios priorizados, asegurando que el apoyo llegue a quienes más lo requieren.

Vite Ramos destacó que el trabajo coordinado entre autoridades municipales, iniciativa privada y sociedad civil permite generar cambios significativos en las comunidades, fomentando entornos seguros y fortaleciendo a las familias. Además, enfatizó que el DIF Hidalgo no solo se enfoca en la entrega de cobijas, sino que trabaja en una labor integral que incluye el suministro de sillas de ruedas, bastones y otros apoyos técnicos, además de impulsar proyectos productivos en más de 500 comunidades.

Por su parte, la presidenta municipal de Actopan, Imelda Cuéllar Cano, reconoció la labor de Edda Vite Ramos, resaltando su liderazgo y compromiso con quienes enfrentan mayores carencias. Asimismo, agradeció las acciones que han permitido que habitantes de Actopan accedan a lentes, prótesis, sillas de ruedas y otros apoyos esenciales.

El programa continuará su recorrido por diferentes municipios del estado, garantizando que los apoyos lleguen a quienes más lo necesitan. Hasta ahora, ya se han realizado entregas en Mineral del Monte, Mineral del Chico, Metepec, Singuilucan y Actopan, en coordinación con el titular del Sistema DIF Hidalgo, Ricardo Alvizo Contreras.

Para fortalecer el respeto a la libertad de culto y reforzar el vínculo entre el gobierno estatal y las comunidades religiosas, el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, encabezó una mesa de diálogo en la Sala de Exgobernadores, donde reafirmó el compromiso de la administración estatal de garantizar el derecho de las personas a ejercer su fe sin discriminación.

Durante el encuentro, Olivares Reyna enfatizó la importancia de implementar acciones en beneficio de sectores vulnerables, como migrantes, personas en situación de calle y quienes enfrentan problemas de adicción, destacando que el respeto a los usos y costumbres no debe ser un obstáculo para el ejercicio de la libertad religiosa.

A la reunión asistieron representantes de distintas comunidades religiosas, incluyendo la Iglesia católica, cristiana, evangélica, metodista, bautista, presbiteriana y de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, así como integrantes de alianzas de municipios como Tlanchinol, Xochiatipan, Tulancingo de Bravo y Tula de Allende. También participaron grupos provenientes de Tepeji del Río, Pachuca de Soto, Mineral de la Reforma, Emiliano Zapata, Tepeapulco, San Agustín Tlaxiaca, Atotonilco el Grande y Zimapán, quienes compartieron sus perspectivas y propuestas para fomentar una convivencia armoniosa basada en el respeto mutuo.

Margarita Cabrera Román, titular de la Dirección General de Asuntos Religiosos y de Usos y Costumbres, resaltó el impacto positivo de estos espacios de diálogo, subrayando que la labor de las comunidades religiosas es clave para el fortalecimiento del tejido social y el bienestar de la población.

Como resultado de este encuentro, se acordó replicar estas mesas de diálogo en diversas regiones de Hidalgo, con el propósito de promover la libertad de culto y garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos en el estado.

El gobernador Julio Menchaca presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma constitucional con la finalidad de modernizar el Poder Judicial de Hidalgo, alineándolo a los principios de la reforma federal en la materia. Esta propuesta busca garantizar mayor transparencia, eficiencia y una selección más rigurosa de jueces y magistrados.

Uno de los aspectos clave de la reforma es la reestructuración del Poder Judicial en el año 2027, mediante un proceso de elección que coincidirá con los comicios federales, municipales y legislativos locales. Con ello, se asegurará que los aspirantes a estos cargos acrediten su capacidad mediante un examen de oposición antes de ser considerados dentro de la lista de candidaturas, la cual será elaborada por los Comités de Evaluación de los Poderes del Estado.

Dentro de los principales cambios contemplados en la iniciativa, se encuentran modificaciones en la elección y permanencia de jueces y magistrados. Las campañas electorales para estos cargos tendrán una duración de 60 días, eliminando la etapa de precampaña. Además, queda prohibido cualquier financiamiento, ya sea público o privado, en dichas campañas. Quienes resulten electos en 2027 podrán ocupar el cargo por un periodo de 6 o 9 años, dependiendo del porcentaje de votos obtenidos, y tendrán la posibilidad de reelegirse sin que esto implique una permanencia indefinida.

Otro punto relevante es la creación de nuevas instituciones encargadas de la disciplina y administración judicial. Se establecerá el Tribunal de Disciplina Judicial, responsable de sancionar faltas administrativas de jueces, magistrados y demás funcionarios del Poder Judicial. Asimismo, el Órgano de Administración Judicial asumirá las funciones del actual Consejo de la Judicatura, el cual será eliminado una vez que las nuevas instancias entren en operación.

La iniciativa también contempla medidas para fortalecer la transparencia y la eficiencia del sistema judicial. Se prohíbe la creación de fideicomisos, fondos o contratos similares que no estén expresamente contemplados en la ley. Además, se establece que los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa deberán resolver asuntos en materia tributaria en un máximo de seis meses, con el riesgo de ser sancionados en caso de incumplimiento.

En cuanto a los actuales integrantes del Poder Judicial, la reforma permite su participación en la elección de 2027, salvo que decidan no postularse o busquen otro cargo. Aquellos que no sean electos o decidan no competir recibirán una indemnización conforme a la legislación laboral vigente.

Con esta iniciativa, el gobierno de Hidalgo reafirma su compromiso con una impartición de justicia eficiente, imparcial y transparente, asegurando un proceso de selección riguroso que fortalezca la independencia judicial en el estado.