En un hecho sin precedentes, las elecciones de 2024 en México no solo se destacan por ser “las más grandes de la historia” debido al número de cargos en juego, sino también por la participación histórica de más de 30 mil personas en prisión preventiva en el proceso electoral. Por primera vez, estas personas tendrán voz en la elección del Presidente de la República, así como en la selección de Jefes de Gobierno, Gobernadores, alcaldes y diputados locales en algunos estados.

Del 6 al 20 de mayo, el Instituto Nacional Electoral (INE) llevará a cabo la jornada de voto anticipado para 30,391 personas sin sentencia en 216 centros penitenciarios en todo el país, de acuerdo con la Lista Nominal de Electores en Prisión Preventiva. Esta iniciativa, que también incluye la participación en la elección local en Chiapas, Ciudad de México e Hidalgo, ha sido ampliamente respaldada por organizaciones civiles que la consideran un avance en el respeto al principio de presunción de inocencia y en la inclusión de una población históricamente marginada en el proceso democrático.

En la Ciudad de México, por ejemplo, se espera que 1,459 personas en prisión preventiva de siete centros penitenciarios ejerzan su derecho al voto de manera anticipada por cuatro cargos de elección popular. Estas cifras destacan la importancia de reconocer que las personas en prisión preventiva mantienen sus derechos políticos y que su participación contribuye a la representatividad democrática de todas las comunidades.

La realización de este proceso no ha estado exenta de retos. Para llegar a la cifra de más de 30 mil personas aptas para votar, se llevó a cabo un proceso meticuloso que incluyó la manifestación de su intención de participar y la verificación de su vigencia como electores. Este proceso ha sido un hito en la historia electoral del país, y según Nayomi Aoyama, coordinadora del Programa de Sistema Penitenciario y Reinserción Social de Documenta, representa un reconocimiento fundamental a la presunción de inocencia y a la igualdad de derechos de todas las personas, independientemente de su situación legal.

El origen de esta iniciativa se remonta a 2018, cuando Guadalupe Gómez Hernández y Marcos Ruiz López, indígenas tzotziles en prisión preventiva desde hace 19 años en Chiapas, reclamaron su derecho al voto ante el Instituto Nacional Electoral. Fue hasta febrero de 2019, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) respaldó su derecho al voto, argumentando que las personas en prisión preventiva están protegidas por el principio de presunción de inocencia.

Este año, además, se celebró el primer debate político dentro de una prisión en México, organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México en coordinación con CEA Justicia Social. Este debate se centró en la agenda de cuidados en el entorno familiar de las personas en prisión preventiva y fue un paso más en el reconocimiento de los derechos políticos y de participación de esta población.

El voto de las personas en prisión preventiva no solo es un ejercicio democrático, sino también un paso crucial hacia su reinserción social y la restitución de sus derechos. Según María Ana del Valle, coordinadora del área de interacción comunitaria de CEA Justicia, este proceso contribuye a restablecer los vínculos con la comunidad y promueve una participación activa en la sociedad, lo que a su vez puede generar cambios significativos en el sistema de justicia y en la percepción social hacia las personas privadas de su libertad.

En resumen, el voto anticipado de personas en prisión preventiva en las elecciones de 2024 marca un hito en la inclusión y reconocimiento de derechos en México, demostrando que la voz y el voto de esta población cuentan en las decisiones políticas de todo el país.