Contraloría implementa procedimientos de conciliación en contrataciones públicas

La Contraloría ha puesto en marcha procedimientos de conciliación, conforme a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados. Estos procedimientos, diseñados como mecanismos alternativos de solución de controversias, tienen como objetivo principal facilitar el diálogo entre las partes involucradas en pedidos o contratos públicos, permitiendo llegar a acuerdos consensuados que satisfagan los intereses de ambas partes.

Con esta medida, la Contraloría busca evitar el recurso a procedimientos judiciales, ofreciendo una vía más ágil y económica para la resolución de conflictos. Durante la presente administración, se han iniciado cuatro procedimientos de conciliación a solicitud de los contratistas.

La Contraloría ofrece a las partes la oportunidad de exponer sus pretensiones y trabajar hacia una solución pacífica de los conflictos, con el objetivo de reducir la carga en los tribunales y satisfacer las necesidades de ambas partes. La implementación de estos procedimientos garantiza el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de dependencias, organismos públicos autónomos y municipios, previniendo el mal uso de los recursos y evitando costos financieros significativos.

El incumplimiento en las contrataciones públicas puede generar impactos negativos en la población, como retrasos en proyectos clave. Por ello, las entidades contratantes deben establecer procesos robustos de gestión y supervisión de contratos para asegurar la transparencia en el uso de los recursos públicos.

La Contraloría reafirma su compromiso de velar por la correcta administración de los recursos públicos, garantizando que los procedimientos de conciliación contribuyan a una gestión eficiente y transparente, en beneficio de la ciudadanía.