Pachuca, Hidalgo –Una mujer perdió la vida la madrugada de este viernes tras arrojarse desde un puente vehicular ubicado en el bulevar Felipe Ángeles, a la altura de la colonia Ex Hacienda Coscotitlán, en Pachuca.

El incidente fue reportado cerca de la 1:30 de la mañana, cuando testigos alertaron a los servicios de emergencia sobre la presencia de una mujer con sudadera gris y cabello largo en el puente, quien aparentemente tenía la intención de lanzarse al vacío.

Elementos de la Policía Municipal de Pachuca y equipos de auxilio se trasladaron de inmediato al sitio para intentar intervenir. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los oficiales, la mujer se lanzó antes de que pudieran evitarlo.

Paramédicos en la zona revisaron a la víctima y confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Ante esto, los uniformados acordonaron el área y notificaron al Ministerio Público para iniciar las diligencias correspondientes.

Personal de Peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) arribó al lugar para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para las investigaciones pertinentes.

Entre las pertenencias de la víctima se encontró una identificación a nombre de Marcela Graciela M., de 36 años de edad, con domicilio en Apan, Hidalgo.

Las autoridades han iniciado una carpeta de investigación para esclarecer el caso y determinar las circunstancias en torno a este lamentable suceso.

La decisión del expresidente Donald Trump de revisar y reducir la ayuda exterior de Estados Unidos ha generado una crisis sin precedentes en el sector humanitario y de desarrollo, afectando a cientos de contratistas y organizaciones dependientes de estos recursos.

Desde su primer día en el cargo, Trump ordenó una evaluación exhaustiva de la asistencia internacional y encargó al empresario Elon Musk la reducción de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), institución clave en la distribución de fondos humanitarios. Musk, quien previamente calificó a USAID como una “organización criminal”, inició un proceso de recorte que ha dejado a decenas de empleados en excedencia y cientos de contratistas despedidos.

Las medidas han paralizado proyectos esenciales en diversas partes del mundo. Las órdenes de suspensión del trabajo emitidas por el Departamento de Estado han generado incertidumbre entre las organizaciones, que anticipan problemas financieros severos. Steve Schmida, cofundador de la empresa Resonance y contratista de USAID, describió la situación como una amenaza existencial para su negocio, ya que el 90% de sus ingresos proviene de contratos con el gobierno. La empresa se vio obligada a despedir a la mayoría de sus empleados, enfrentando además facturas impagadas por millones de dólares.

Otro contratista, que prefirió el anonimato por temor a represalias, reveló que su empresa ha tenido que despedir a cientos de empleados y aún espera el pago de más de 50 millones de dólares correspondientes a noviembre y diciembre. Tanto él como Schmida anticipan recurrir a la vía legal para recuperar los montos adeudados.

Las consecuencias han sido devastadoras para muchos trabajadores. Zulliger, exasesora técnica de la Iniciativa Presidencial contra la Malaria, perdió su empleo de manera inmediata y, junto con él, su cobertura médica. Ahora enfrenta la urgencia de encontrar un seguro antes de la cirugía programada de su hija en tres semanas. “No solo es el impacto personal, sino también la pausa en el trabajo humanitario que salva vidas y fortalece la influencia de Estados Unidos en el mundo”, expresó.

Impacto Global De Los Recortes

En el año fiscal 2023, Estados Unidos destinó 72,000 millones de dólares a la asistencia internacional, con inversiones en salud, acceso al agua potable, lucha contra el VIH/SIDA, seguridad energética y combate a la corrupción. Esta cifra representó el 42% del financiamiento humanitario de la ONU en 2024, consolidando a EE.UU. como el principal donante global. Sin embargo, la drástica reducción en la financiación compromete la estrategia diplomática de Washington y su capacidad de contrarrestar la influencia de potencias como China y Rusia en el mundo en desarrollo.

Uno de los casos más impactantes es el de Esther Zeledón y su esposo, Paul Rivera, ambos contratistas de USAID, quienes perdieron el 95% de sus ingresos tras los decretos de Trump. Ahora enfrentan la posibilidad de mudarse con los padres de Zeledón y han considerado retirar fondos de su plan de jubilación para cubrir gastos. “Hicimos nuestros planes financieros para el año y ahora todo es incertidumbre”, lamentó.

Protestas Y Reacciones

Ante la magnitud de la crisis, decenas de empleados de USAID y contratistas, junto con legisladores demócratas, protestaron en Washington, denunciando el desmantelamiento de la agencia y la falta de respuestas por parte del gobierno.

Entre los manifestantes se encontraba Amanda Satterwhite, contratista independiente cuyo empleo fue suspendido sin salario. Su trabajo consistía en identificar organizaciones en el extranjero para dirigir la ayuda humanitaria de manera más eficiente. Ahora, con su futuro laboral incierto, ha comenzado la búsqueda de un nuevo empleo, convencida de que el sector de la ayuda internacional podría no recuperarse en el corto plazo.

Mientras tanto, miles de trabajadores enfrentan el colapso de sus ingresos, la pérdida de cobertura médica y el fin de proyectos cruciales para comunidades vulnerables en todo el mundo. La incertidumbre sobre el futuro de USAID y la política de asistencia exterior de Estados Unidos sigue creciendo, con repercusiones que podrían transformar el panorama humanitario global.

En una acción contra el robo de combustible, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Hidalgo, llevó a cabo un cateo autorizado por la jueza especializada en el Sistema Penal Acusatorio adscrita al Centro de Justicia Penal Federal, logrando la inhabilitación de una toma clandestina conectada a un inmueble.

El operativo se originó tras la detección de una toma ilegal de hidrocarburo que estaba conectada a una manguera con derivación a una propiedad privada. Ante estos hechos, el Ministerio Público Federal (MPF) inició una carpeta de investigación y, tras realizar trabajos de inteligencia e inspección en la zona, se confirmó la veracidad de la denuncia.

Con esta evidencia, el MPF solicitó una orden de cateo, la cual fue concedida por la jueza de Distrito. Posteriormente, agentes del Ministerio Público Federal, en coordinación con la Policía Federal Ministerial (PFM) y el Centro Federal Pericial Forense de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), ingresaron al inmueble ubicado en el municipio de Tlanalapa, Hidalgo, donde se verificó la existencia de la toma clandestina.

La toma ilegal fue inhabilitada por personal de PEMEX, mientras que el inmueble quedó asegurado para continuar con las investigaciones correspondientes. Durante el operativo, se contó con el respaldo de la Guardia Nacional, que proporcionó seguridad perimetral, y de técnicos especializados de PEMEX, quienes realizaron el trasvase del hidrocarburo recuperado.

Las autoridades continúan con las indagatorias para identificar a los responsables de esta actividad ilícita y exhortan a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa vinculada al robo de combustible.