Once gobernadores piden convención para un nuevo pacto fiscal

  • Once gobernadores de todo signo, expepto del gobiernista Morena, se reunieron en esta ciudad para reclamar una Convención Nacional Hacendaria.
  • Sería imperdonable heredar un país de pobreza y desigualdad, asientan panistas, priístas, perredistas y el independiente Jaime Rodríguez El Bronco.
  • Acusan al gobierno federal de quedarse con el dinero y en este sexenio haber caído al reparto más inequitativo del ingreso impositivo del país.
  • En 1986 se destinaba 36 por ciento de la captación a estados y municipios, al terminar el sexenio pasado se les entrega a 26 por ciento y ahora menos de la quinta parte.
  • Con una acotación: a pesar de promesas y búsquedas de entendimiento, se han reducido las partidas de manera perjudicial para las 32 entidades y los más de dos mil 400 municipios.
  • En medio de la pandemia esto es criminal y agravará un pronóstico que habla de caída del producto interno bruto (PIB) en más del diez por ciento con un saldo de pobreza y desempleo por lo menos para nueve millones de mexicanos más.
  • A continuación el texto íntegro del comunicado final:
  • Al Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional
    de los Estados Unidos Mexicanos
     
    Al Congreso de la Unión
     
    A la Conferencia Nacional de Gobernadores
     
    A los Congresos Locales
     
    A los H. Ayuntamientos
     
    Desde Guanajuato, Estado emblemático de la Independencia de México,  cuna  de  Hidalgo  y  Allende;  desde  la  Alhóndiga  de
    Granaditas,  sitio  histórico  y  punto  de  la  lucha  nacionalista,  sitio testigo  de  uno  de  los  más  importantes  triunfos  del  Ejército
    Insurgente; desde esta ciudad, desde la que se dio patria: los once
    Gobernadores que conformamos la Alianza Federalista, hacemos
    una reflexión y un llamado para iniciar un diálogo nacional por un
    nuevo y justo federalismo, que nos ayude a construir un país donde
    la  desigualdad  no  sea  la  herencia  generacional,  un  país  que
    camine  hacia  los  propios  valores  de  justicia  y  equidad,  que
    persiguieron desde entonces, los independentistas. 
     
    Esto  frente  a  las  circunstancias  especiales  y  extraordinarias  que
    vivimos, por la expansión del virus SARS CoV-2 y de la enfermedad
    COVID-19, que han desembocado en la mayor crisis económica
    del país en el último siglo, de la que se espera una contracción del
    PIB mundial del 4.9 por ciento  y una caída del  PIB nacional que
    oscilará entre el 9 y el 10.5 por ciento, conforme a las estimaciones
    del Fondo Monetario Internacional y la CEPAL.
     
    Las consecuencias de esta epidemia para un país como el nuestro
    se  han  reflejado,  primero,  en  la  pérdida  de  más  de  1  millón  de
    empleos  formales  y  en  el  paro  de  más  de  12  millones  de
    trabajadoras y trabajadores más.
     
    Esta pérdida de empleo derivará en un aumento sustancial de la
    pobreza, que se estima en, por lo menos, 9 millones de personas, lo
    que implica que este año se perderán los avances de una década
    de combate a la pobreza y la marginación.
     
    La gran fragilidad de la economía también se pone de manifiesto
    en  otros  rubros  de  la  vida  nacional,  principalmente  por  los  altos
    niveles de desigualdad social, que hoy determinan el acceso de
    la  población  a  bienes  y  servicios  públicos  necesarios  para  el
    desarrollo y el bienestar social, como la salud, el acceso al agua,
    a  vacunas  y  a  una  alimentación  adecuada,  que  son  aspectos
    indispensables  para  enfrentar  una  epidemia  como  la  que  hoy
    vivimos.
     
    Esta  profunda desigualdad, en  mucho  se explica por la  falta de
    una redistribución eficiente de la riqueza pública, que resulte en
    una distribución más justa del ingreso nacional y en una reducción
    de  las  disparidades entre  grupos sociales  y  regiones  geográficas
    de México.
     
    La presente crisis evidencia lo ineficiente y obsoleto que es el Pacto
    Fiscal, como el principal instrumento para recaudar y redistribuir la
    riqueza pública, el cual permite la concentración del 80 por ciento
    de los ingresos públicos en el gobierno central y reparte sólo 20 por
    ciento  hacia  los  32  estados  y  los  más  de  2  mil  400  municipios,
    cerrando toda posibilidad para que  los gobiernos subnacionales
    fortalezcamos las acciones para el bienestar social.
     
    Un pacto fiscal como el que hoy está vigente, diseñado hace más
    de  40  años,  ha  dejado  de  cumplir  su  papel  resarcitorio  y
    redistributivo  que  se  planteó  en  un  principio.  Hoy  atrofia  el
    funcionamiento  de  un  verdadero  Sistema  Nacional  de
    Coordinación  Fiscal,  que  debe  perseguir  como  objetivo,  la
    obtención de recursos para que Estados y Municipios financien el
    desarrollo económico y social de su territorio.
     
    Adicionalmente,  derivado  de  la  presente  crisis,  Estados  y
    Municipios  han  sufrido  importantes  recortes  de  transferencias
    federales  por  la  cancelación  de  recursos  convenidos  con  la
    Federación,  lo  que  ha  limitado  aún  más  la  capacidad  de
    respuesta de nuestros gobiernos.
     
    En lo que tiene que ver con los once estados que representamos,
    la  Federación  cada  vez  recauda  más  y  cada  vez  nos  regresa
    menos recursos, aun y respetando al pie de la letra la fórmula de
    la Ley de Coordinación Fiscal.
     
    En 2006, de cada 100 pesos que recaudó en nuestros estados, nos
    regresó 36 pesos por la vía de las participaciones federales, pero
    en  2018,  esta  proporción  bajó  a  26  pesos  de  cada  100,  lo  que
    significa  que  se  concentró  aún  más  la  riqueza  pública  en  el
    gobierno central.
     
    El  país,  los estados y sus municipios necesitan  de un pacto fiscal
    que reconozca, como parte de sus propósitos fundamentales, las
    diversidades de las regiones que integran el país, un pacto fiscal
    que rompa la centralización de los recursos públicos, que posibilite
    la participación activa de las entidades y de los municipios en el
    diseño de políticas para el desarrollo de sus regiones. 
     
    Por todo ello, los gobernadores de los Estados Libres y Soberanos
    de  Aguascalientes,  Chihuahua,  Coahuila,  Colima,  Durango,
    Guanajuato,  Jalisco,  Michoacán,  Nuevo  León,  San  Luis  Potosí  y
    Tamaulipas los  llamamos,  en  el ámbito  de  sus  responsabilidades,
    competencias y de su compromiso con el desarrollo del país, para
    que  entre  todos  convoquemos  en  los  próximos  meses  a  una
    Convención Nacional Hacendaria, que  le permita al país contar
    con un nuevo Pacto  Fiscal, que fortalezca  el pacto federalista  y
    que genere mejores condiciones para erradicar la desigualdad y
    la pobreza.
  • Bajo la misma lógica, los Gobernadores solicitamos que el Presupuesto Federal 2021 no se construya en la inercia negativa que se ha mantenido durante los últimos años, que en nada contribuye para que los Estados y Municipios afrontemos esta crisis. No es un tema de partidos o colores, es un tema de justicia para los ciudadanos que cada día aportan con su trabajo a la riqueza nacional.
  • Hoy hacemos esta solicitud pública, que también haremos de manera oficial y al mismo tiempo, comenzaremos la convocatoria para el Foro Nacional Federalista, a realizarse durante la primera semana de agosto.
  • Es necesario que comencemos a discutir los principales ejes a transformar de la vida pública nacional para el fortalecimiento del Federalismo, por lo que convocaremos a todas y todos los actores, entre ellos, legisladores, académicos, cámaras empresariales, presidentes municipales y gobernadores.
  • Cordialmente: • Martín Orozco Sandoval, Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes; • Javier Corral Jurado; Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua; • Miguel Ángel Riquelme Solís, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila; • José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado de Colima; • José Rosas Aispuro Torres, Gobernador Constitucional del Estado de Durango; • Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato;
  • 5 • Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco; • Silvano Aureoles Conejo, Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán; • Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León; • Juan Manuel Carreras López, Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí, y • Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas.

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