Pachuca, Hgo., 21 de septiembre de 2025.— En el marco del Segundo Simulacro Nacional, el gobierno de Hidalgo reafirmó su compromiso de proteger la integridad de la población mediante acciones de prevención, coordinación ciudadana y fortalecimiento de la resiliencia social, principios que se han consolidado a raíz de experiencias que marcaron al país, como los sismos de 1985 y 2017.

Román Bernal Díaz, subsecretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos estatal, recordó que aquellos episodios evidenciaron la vulnerabilidad de la población y llevaron a la creación de un modelo nacional basado en la corresponsabilidad entre autoridades y sociedad. “Hoy nuestra prioridad es la gestión integral del riesgo: prepararnos, responder de manera inmediata y evaluar los daños, para así garantizar la prevención, la atención y la recuperación”, puntualizó.

Durante el ejercicio realizado en la sede del Poder Ejecutivo en Plaza Juárez, fueron evacuadas mil 606 personas servidoras públicas, 64 visitantes y tres personas con discapacidad en un tiempo aproximado de 3.5 minutos. En total, el simulacro incluyó 2 mil 151 inmuebles en todo el estado —entre edificios federales, estatales, municipales y privados— con la participación de cerca de 190 mil personas.

El funcionario estatal destacó que cada acción emprendida tiene como objetivo reducir riesgos y proteger vidas ante fenómenos naturales o contingencias. Subrayó además que, en Hidalgo, se identifican como zonas vulnerables las minas, industrias, ríos, presas, refinerías y áreas montañosas susceptibles a derrumbes, a lo que se suman factores climatológicos que varían según la temporada del año.

Con este simulacro, el gobierno de Julio Menchaca Salazar refrenda la importancia de mantener la cultura de la prevención como una tarea permanente, en la que ciudadanía y autoridades trabajen de manera conjunta para reducir riesgos y salvaguardar la seguridad de la población.

Pachuca, Hgo., 21 de septiembre de 2025.— En el marco del Segundo Simulacro Nacional, el gobierno de Hidalgo reafirmó su compromiso de proteger la integridad de la población mediante acciones de prevención, coordinación ciudadana y fortalecimiento de la resiliencia social, principios que se han consolidado a raíz de experiencias que marcaron al país, como los sismos de 1985 y 2017.

Román Bernal Díaz, subsecretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos estatal, recordó que aquellos episodios evidenciaron la vulnerabilidad de la población y llevaron a la creación de un modelo nacional basado en la corresponsabilidad entre autoridades y sociedad. “Hoy nuestra prioridad es la gestión integral del riesgo: prepararnos, responder de manera inmediata y evaluar los daños, para así garantizar la prevención, la atención y la recuperación”, puntualizó.

Durante el ejercicio realizado en la sede del Poder Ejecutivo en Plaza Juárez, fueron evacuadas mil 606 personas servidoras públicas, 64 visitantes y tres personas con discapacidad en un tiempo aproximado de 3.5 minutos. En total, el simulacro incluyó 2 mil 151 inmuebles en todo el estado —entre edificios federales, estatales, municipales y privados— con la participación de cerca de 190 mil personas.

El funcionario estatal destacó que cada acción emprendida tiene como objetivo reducir riesgos y proteger vidas ante fenómenos naturales o contingencias. Subrayó además que, en Hidalgo, se identifican como zonas vulnerables las minas, industrias, ríos, presas, refinerías y áreas montañosas susceptibles a derrumbes, a lo que se suman factores climatológicos que varían según la temporada del año.

Con este simulacro, el gobierno de Julio Menchaca Salazar refrenda la importancia de mantener la cultura de la prevención como una tarea permanente, en la que ciudadanía y autoridades trabajen de manera conjunta para reducir riesgos y salvaguardar la seguridad de la población.

Pachuca, Hgo., 21 de septiembre de 2025.— La administración del gobernador Julio Menchaca Salazar mantiene como prioridad la inclusión, con el objetivo de que la comunidad sorda cuente con espacios accesibles y mayores oportunidades de participación social.

En la capital y otros municipios se han implementado medidas que marcan un cambio en la manera de atender a este sector. Entre ellas destacan las Unidades de Movilidad Incluyente en Pachuca, que cuentan con monitores adaptados para difundir información en Lengua de Señas Mexicana (LSM), además de la presencia constante de intérpretes en los mensajes oficiales del mandatario y en actividades de dependencias estatales.

Para Edgar Gaspar Téllez Sierra, intérprete con 25 años de experiencia, la continuidad de estas acciones representa un avance real: “En cada informe y en los eventos públicos del gobernador se incluye un recuadro en LSM. Esto significa que se reconoce la importancia de la accesibilidad para la comunidad sorda”, comentó.

El especialista subrayó que la entidad también ha creado otros espacios de inclusión, como la sala de silentes de la Biblioteca Central “Ricardo Garibay” y los cursos certificados de LSM impartidos por el Instituto de Capacitación para el Trabajo de Hidalgo (ICATIH), que abren la posibilidad de una formación más amplia y profesional.

A pesar de ello, Téllez Sierra señaló que persisten retos en materia de sensibilización social y en la preparación de intérpretes, además de la urgencia de eliminar obstáculos en las escuelas y centros laborales. Recordó que experiencias en países como España, Brasil y Venezuela demuestran que cuando la lengua de señas se incorpora a los planes educativos y se asegura el acceso a bibliotecas y posgrados, la inclusión se vuelve una realidad cotidiana.

En el marco del Día Internacional de las Lenguas de Señas, que se conmemora este 23 de septiembre, la reflexión es puntual: la inclusión no puede reducirse a gestos aislados, sino consolidarse como un derecho universal. Según la Federación Mundial de Sordos, en el mundo hay más de 70 millones de personas sordas, de las cuales 80% vive en naciones en desarrollo.

En México, cifras del INEGI revelan que 2.3 millones de personas tienen discapacidad auditiva, lo que convierte a la LSM en una herramienta indispensable para garantizar igualdad de condiciones. El llamado es claro: sociedad y gobierno deben trabajar de manera conjunta para que la accesibilidad se ejerza plenamente y deje de ser una excepción.