Washington, D.C., 7 de agosto de 2025.— El presidente Donald Trump implementó este jueves una nueva serie de aranceles a productos importados desde más de 60 países, una medida que marca una nueva etapa en su estrategia económica de presión comercial y que ha comenzado a reflejarse en indicadores clave de la economía estadounidense.

A partir de la medianoche, entraron en vigor impuestos que van desde el 10% hasta el 20% para distintas regiones, incluyendo la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Vietnam y Bangladesh. Adicionalmente, se aplicó un arancel del 25% a productos procedentes de India, elevando sus tasas impositivas totales al 50%. Trump también anunció tarifas del 100% a la importación de chips electrónicos y del 39% a productos farmacéuticos suizos.

El argumento principal de Trump es que estas medidas atraerán inversión extranjera y devolverán fuerza al sector manufacturero en territorio estadounidense. Aunque el expresidente aseguró que la economía crecerá “como nunca antes”, no presentó datos concretos sobre los ingresos proyectados por estas tarifas.

No obstante, analistas y reportes recientes apuntan a efectos negativos en el mercado interno. Desde la aplicación inicial de los aranceles en abril, se han detectado señales de desaceleración económica: menor ritmo en las contrataciones, caída en el valor de viviendas en zonas clave y aumento en los niveles de inflación. De acuerdo con el economista John Silvia, estas condiciones están debilitando la productividad, al tiempo que reducen el poder adquisitivo de los trabajadores.

Las repercusiones también se han extendido más allá de las fronteras estadounidenses. Alemania, uno de los principales exportadores hacia Estados Unidos, reportó una contracción del 1.9% en su actividad industrial. India, por su parte, advirtió que más de la mitad de sus exportaciones a territorio norteamericano quedarían comprometidas, y su gremio de exportadores calificó como insostenible el nuevo entorno comercial. En tanto, Suiza convocó una reunión urgente de su Consejo Federal, luego de una fallida negociación de alto nivel en Washington.

La forma en que se han implementado estos aranceles ha sido calificada como errática. En varios casos, se comunicaron sin claridad sobre su fecha de entrada en vigor o sobre los criterios técnicos utilizados para aplicarlos. Algunos socios comerciales desconocían hasta esta semana si las tarifas comenzaban el jueves o el viernes. Esta ambigüedad ha generado desconfianza entre inversionistas y gobiernos afectados.

El respaldo legal de las medidas también ha sido puesto en duda. Trump justificó los nuevos gravámenes invocando una ley de 1977 que le permite declarar emergencia económica, sin embargo, esta decisión está siendo impugnada en cortes federales. Un fallo en su contra podría obligarlo a buscar otro sustento jurídico para mantener su política arancelaria.

Incluso dentro del Partido Republicano han surgido voces críticas. El ex presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, calificó la estrategia como carente de fundamento económico y advirtió que las consecuencias legales podrían ser mayores de lo previsto.

A pesar de todo, los mercados financieros han mostrado resistencia. El índice S&P 500 ha ganado más del 25% desde abril, y las recientes reducciones fiscales anunciadas por la Casa Blanca parecen haber contribuido a sostener la confianza de los inversionistas. Aun así, expertos advierten que el impacto real de los aranceles podría manifestarse de forma lenta y sostenida en los próximos meses.

Mientras tanto, Trump mantiene su apuesta por el endurecimiento comercial como herramienta para reconfigurar la economía estadounidense, aunque cada vez con mayor tensión entre sus objetivos políticos y los efectos visibles sobre el entorno económico global.

Ciudad de México, 7 de agosto de 2025.— El fenómeno conocido como “tormenta negra”, que recientemente afectó gravemente a Hong Kong y otras regiones del sudeste asiático, ha generado preocupación internacional debido a su intensidad histórica y los daños que ocasionó, abriendo el debate sobre la posibilidad de eventos similares en países como México.

Este tipo de fenómeno, clasificado como el nivel más alto de emergencia por lluvias en Hong Kong, se activa cuando la intensidad pluvial supera los 70 milímetros por hora. Su reciente aparición provocó un acumulado de más de 355 milímetros en menos de 24 horas, el registro más elevado para un mes de agosto desde el siglo XIX. La emergencia obligó a evacuar a decenas de miles de personas, paralizar los servicios públicos, suspender vuelos y cerrar escuelas por seguridad.

Las llamadas “tormentas negras” ocurren cuando confluyen condiciones extremas de humedad, aire cálido y baja presión atmosférica, generando lluvias violentas que sobrepasan las capacidades del drenaje urbano, con consecuencias inmediatas como inundaciones súbitas, colapso vial y afectaciones estructurales.

Aunque México no emplea esta clasificación, sí enfrenta fenómenos meteorológicos similares durante la temporada de lluvias. En la capital del país, por ejemplo, el sistema de alertamiento contempla una escala que llega al nivel púrpura cuando las precipitaciones superan los 70 litros por metro cuadrado en una hora, un umbral equivalente al utilizado para activar la alerta negra en Asia.

En estados con vulnerabilidad climática y urbana, como Veracruz, Tabasco, Chiapas o incluso zonas del Valle de México, los efectos de lluvias extremas también se manifiestan a través de desbordamientos, deslaves e interrupciones de servicios. Sin embargo, los protocolos de respuesta y la infraestructura de protección civil varían significativamente entre regiones, lo que puede influir en la gravedad del impacto.

Frente a estas amenazas, las autoridades mexicanas insisten en la importancia de mantenerse informados a través de los reportes oficiales y de seguir las recomendaciones en caso de alerta. Entre las medidas básicas de prevención se encuentra evitar salir durante tormentas, resguardar documentos importantes, contar con suministros esenciales y ubicar refugios temporales en caso de evacuación.

La reciente emergencia en Hong Kong refuerza la necesidad de fortalecer los sistemas de monitoreo meteorológico y elevar la conciencia social ante el aumento de eventos climáticos extremos, una tendencia que expertos atribuyen a los efectos del cambio climático global.

Washington, D.C., 6 de agosto de 2025.– El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó oficialmente que no buscará la pena capital para tres figuras emblemáticas del narcotráfico mexicano: Rafael Caro Quintero, Ismael “Mayo” Zambada y Vicente Carrillo Fuentes, también conocido como “El Viceroy”. Esta decisión se formalizó mediante documentos judiciales entregados a las cortes correspondientes, firmados por el fiscal Joseph Nocella Jr.

Caro Quintero, quien había sido liberado en 2013 tras más de dos décadas en prisión por el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, fue recapturado en 2022 en el estado de Sinaloa y extraditado a Estados Unidos el pasado febrero, junto a otros 28 presuntos integrantes de organizaciones criminales, en una operación considerada la mayor extradición coordinada entre México y Estados Unidos en la última década.

Por su parte, Ismael “Mayo” Zambada, considerado cofundador del cártel de Sinaloa junto a Joaquín “Chapo” Guzmán, fue detenido en 2024 en una terminal aérea cercana a El Paso, Texas, en compañía de Joaquín Guzmán López, hijo de su antiguo socio. Ambos enfrentan acusaciones federales por tráfico de drogas a gran escala, aunque hasta el momento se han declarado inocentes.

En cuanto a Vicente Carrillo Fuentes, señalado como exlíder del Cártel de Juárez y sucesor de su hermano Amado Carrillo “El Señor de los Cielos”, las imputaciones incluyen tráfico internacional de cocaína, operaciones financieras ilícitas derivadas del narcotráfico, pertenencia a una organización delictiva transnacional entre 1990 y 2014, y posesión ilegal de armamento.

Carrillo Fuentes fue incluido también en el grupo de 29 extraditados el 27 de febrero de este año, como resultado de un operativo binacional coordinado entre la Fiscalía General de la República de México y autoridades estadounidenses. Las acusaciones formales lo vinculan con la red conocida como Carrillo Fuentes Drug Trafficking Organization, cuya actividad se mantuvo activa tras la muerte de su hermano en 1997.

A pesar de los graves señalamientos por parte de las autoridades estadounidenses, el gobierno optó por no solicitar la pena de muerte en estos casos, una decisión que podría responder a criterios jurídicos, diplomáticos o estratégicos dentro del proceso penal federal que se sigue contra los tres imputados