Ixmiquilpan, Hgo., 27 de mayo de 2025.– El Ayuntamiento de Ixmiquilpan ha iniciado procedimientos legales en contra de exservidores públicos por posibles actos de negligencia en la atención de juicios laborales, los cuales han derivado en afectaciones económicas severas para la administración municipal.

A través del área jurídica del gobierno local, se presentaron denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) contra quienes ocuparon cargos como síndicos y directores jurídicos en pasadas administraciones. Según lo señalado, estos exfuncionarios habrían incurrido en omisiones deliberadas que facilitaron fallos en contra del municipio, al no emprender acciones legales mínimas para defender los intereses institucionales.

Uno de los expedientes más delicados involucra a una persona que hoy trabaja en la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) y que, tras haber recibido un salario mensual de 10 mil pesos durante su tiempo en el municipio, exige ahora más de un millón y medio de pesos. Las autoridades han señalado inconsistencias en su contratación, ya que no existen pruebas contundentes de que haya desempeñado funciones reales.

En otro caso, un extrabajador del organismo operador de agua potable Capasmih había interpuesto una demanda por 25 mil pesos; sin embargo, al no comparecer ni presentar pruebas la administración responsable en su momento, el asunto derivó en una resolución adversa con un monto considerablemente mayor.

El presidente municipal, Emanuel Hernández, reiteró el compromiso de su gobierno para no dejar impunes estas irregularidades. “Estamos decididos a aplicar la ley. No se puede permitir que el patrimonio público se ponga en riesgo por falta de responsabilidad o complicidad”, declaró.

Efraín Magueyal, director jurídico del ayuntamiento, reveló que al asumir funciones se encontraron 16 laudos pendientes, de los cuales sólo cuatro han sido resueltos. En la revisión de los expedientes se detectaron omisiones graves, como la ausencia de contestaciones a las demandas por parte del municipio.

“Se han abierto carpetas de investigación por la omisión del deber legal que corresponde al ejercicio del servicio público. No hablamos de procesos recientes, sino de casos que datan entre 2018 y 2022, cuyos montos acumulados por salarios caídos son hoy una carga insostenible para el erario municipal”, explicó.

Las autoridades municipales insisten en que se aplicará la ley con firmeza para evitar que estas prácticas dañinas continúen, y buscan sentar un precedente para el correcto ejercicio del servicio público.