Una serie de ataques coordinados con explosivos y hostigamientos armados sacudió este martes los departamentos de Cauca y Valle del Cauca , en el suroeste de Colombia , dejando un saldo trágico de al menos ocho muertos y más de 40 heridos . Las autoridades atribuyeron los ataques a grupos armados ilegales, incluidas las disidencias de las extintas FARC , bandas paramilitares herederas y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) .

La Escalada de la Violencia

En total, se registraron 19 ataques : siete en el Valle del Cauca y doce en el Cauca , que impactaron puestos policiales, edificaciones públicas, viviendas y zonas residenciales. Entre los fallecidos se encuentran dos policías : uno asesinado por un francotirador en el municipio de Caloto y otro por la explosión de un autobús bomba en el peaje de Villa Rica .

Además, en los municipios de Corinto y El Bordo , varias explosiones de carros bomba causaron daños significativos en infraestructura pública y privada. Aunque inicialmente se informó que no había víctimas mortales en estos ataques, reportes médicos posteriores confirmaron el fallecimiento de una mujer de 32 años debido a las heridas sufridas.

En el departamento del Valle del Cauca , cinco personas perdieron la vida en tres puntos distintos de Cali , la capital regional:

• Una persona murió en el barrio Meléndez .
• Otra en el sector de Los Mangos .
• Tres civiles fallecieron en el caserío de Guachinte , en el municipio de Jamundí .

Estos ataques fueron ejecutados mediante la detonación de bombas colocadas en motocicletas y barreras de señalización vial, según informaron las autoridades locales.

Reacción del Gobierno

El Ministerio de Defensa calificó los ataques como “una reacción desesperada de los grupos armados ilegales ante las operaciones contundentes de la fuerza pública”, que han golpeado sus estructuras y economías ilícitas.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti , condenó los actos violentos como “actos cobardes” en su cuenta de X (antes Twitter). Escribió:

“Es momento de rodear a la fuerza pública, a nuestros soldados y policías, quienes son los que garantizan la seguridad de las colombianas y los colombianos.”

La jornada violenta ocurrió a pocas horas de la visita del presidente Gustavo Petro a Cali , donde participó en una movilización convocada por sindicatos para respaldar su propuesta de convocar por decreto una consulta popular sobre la reforma laboral rechazada en el Senado. Este rechazo ha generado tensiones políticas significativas en el país.

Grupos Armados Ilegales Detrás de los Ataques

Las autoridades señalaron que los ataques fueron perpetrados principalmente por las disidencias de las FARC , lideradas por Néstor Gregorio Vera Fernández , alias “Iván Mordisco”. Estas estructuras criminales, junto con el ELN y bandas paramilitares herederas, mantienen una fuerte presencia en los departamentos afectados, aprovechando el conflicto interno para expandir sus actividades ilícitas, como el narcotráfico y la minería ilegal.

Impacto Humanitario y Social

Los ataques no solo dejaron pérdidas humanas, sino también graves daños materiales. Viviendas, edificios públicos y puestos policiales resultaron afectados, generando temor y desplazamiento forzado en comunidades vulnerables. Además, el clima de inseguridad exacerbó las tensiones en una región que ya enfrenta altos índices de violencia y pobreza.

Lo que debía ser una celebración familiar terminó en confusión y temor. Durante una ceremonia de graduación en una escuela primaria del sur de Los Ángeles, la presencia de unidades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) generó pánico entre asistentes, especialmente padres de familia indocumentados, algunos de los cuales abandonaron el lugar apresuradamente por miedo a ser detenidos.

Testigos relataron que los vehículos oficiales se encontraban estacionados en las inmediaciones del plantel mientras se desarrollaba el acto escolar, lo que bastó para provocar alarma entre la comunidad. Varios asistentes interrumpieron el evento y se retiraron antes de que concluyera, sin esperar la entrega de diplomas ni las fotografías con sus hijos. Algunos niños presenciaron la partida repentina de sus familiares sin entender lo que ocurría.

Las autoridades escolares informaron que los agentes no ingresaron a las instalaciones, pero confirmaron que hubo presencia visible en los alrededores. Esta situación fue suficiente para generar incertidumbre y obligar al distrito escolar a reforzar sus protocolos de seguridad, incluyendo medidas para proteger a las familias migrantes durante próximos eventos escolares.

El superintendente del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles calificó los hechos como inaceptables y aseguró que se garantizará un entorno seguro y libre de intimidación para todas las familias. En ese sentido, se evalúa la instalación de perímetros de protección en los accesos a las escuelas y la implementación de transmisiones virtuales como alternativa para aquellos que temen asistir en persona.

La acción migratoria se da en un contexto tenso, marcado por operativos recientes en comunidades latinas y protestas en distintos puntos de California. Diversas organizaciones de derechos civiles han exigido al gobierno federal que excluya los entornos escolares de cualquier intervención, al considerar que estos espacios deben mantenerse protegidos y libres de persecución migratoria.

A partir del próximo 28 de junio, entrará en vigor en España una nueva normativa que transformará la forma en la que los ciudadanos retiran dinero en los cajeros automáticos. Esta disposición se deriva de la Ley 11/2023, que adapta al marco nacional una directiva europea sobre accesibilidad, y establece que todos los cajeros nuevos deberán cumplir con condiciones específicas para facilitar su uso por parte de personas con discapacidad, adultos mayores y personas con limitaciones cognitivas o sensoriales.

Entre las principales modificaciones se encuentran la incorporación de pantallas con alto contraste, instrucciones audibles mediante conexión para auriculares, botones en relieve, teclados con sistema braille y una disposición física que permita el acceso desde sillas de ruedas. Además, el diseño de los menús será más intuitivo para garantizar una interacción sencilla y comprensible.

La norma contempla un periodo de transición para las máquinas ya instaladas: los cajeros anteriores al 28 de junio de 2025 podrán seguir operando hasta el 29 de junio de 2030, siempre que no superen los diez años de antigüedad. Este plazo permitirá a las entidades bancarias realizar las adaptaciones necesarias sin interrumpir el servicio.

Se estima que la actualización de cada cajero automático tendrá un costo aproximado de entre 1,500 y 3,000 euros, según el tipo de máquina y el nivel de intervención requerido. Además, las instituciones financieras deberán capacitar a su personal para asegurar que puedan brindar una atención adecuada a los usuarios con necesidades especiales.

Esta medida se enmarca en un esfuerzo más amplio por garantizar el acceso universal a los servicios financieros, en un contexto donde la digitalización de la banca y el cierre de sucursales físicas han dificultado el acceso al efectivo para sectores vulnerables. Las autoridades han subrayado que esta nueva legislación busca eliminar barreras físicas y tecnológicas, asegurando la inclusión plena en el uso de dinero en efectivo, considerado todavía fundamental por amplios segmentos de la población.

Con la implementación de esta reforma, España da un paso adelante en materia de accesibilidad financiera y se alinea con los estándares comunitarios que promueven una mayor equidad en el acceso a los servicios básicos, incluyendo aquellos relacionados con el sistema bancario.