San Diego, California.– Una operación migratoria realizada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un conocido restaurante italiano de San Diego desató una fuerte ola de críticas y rechazo entre legisladores, clientes y defensores de los derechos humanos.

El operativo ocurrió el pasado viernes por la tarde en el restaurante Buona Forchetta, ubicado en el barrio de South Park, donde agentes armados irrumpieron en el lugar durante el horario de mayor afluencia, provocando escenas de tensión entre los comensales. Según testimonios, los agentes utilizaron equipo táctico para detener a varios trabajadores, entre ellos tres mexicanos y un ciudadano colombiano, quienes presuntamente no portaban identificación en ese momento.

La irrupción generó tal conmoción que algunos clientes confrontaron a los oficiales, grabaron el incidente y exigieron que abandonaran el lugar. En respuesta, los agentes federales arrojaron granadas de humo para dispersar a la multitud, lo que intensificó el caos y provocó pánico entre los presentes. La administración del restaurante anunció el cierre temporal del establecimiento, señalando que el impacto emocional del evento dejó una profunda huella en su personal y en la comunidad.

El congresista Juan Vargas calificó el operativo como un “error grave”, subrayando que la presencia de agentes armados en un restaurante familiar fue innecesaria y desproporcionada. Por su parte, el legislador Scott Peters criticó duramente que se haya destinado un operativo de esta magnitud para detener a trabajadores como meseros y ayudantes de cocina.

Desde el retorno de Donald Trump a la presidencia, los operativos migratorios en espacios públicos y centros laborales se han intensificado. De acuerdo con funcionarios de la Casa Blanca, la administración busca alcanzar una meta diaria de al menos 3 mil detenciones por parte del ICE, una estrategia impulsada por Stephen Miller, uno de los principales arquitectos de la política migratoria actual.

El ICE, por su parte, reportó que tan solo en Massachusetts, en los últimos 30 días, se ha detenido a aproximadamente mil 500 personas en una operación enfocada supuestamente en redes delictivas transnacionales. Según la agencia, entre los arrestados se encuentran personas vinculadas a delitos graves como homicidio, abuso sexual infantil y narcotráfico.

En paralelo a esta política de endurecimiento, un juez federal en San Francisco bloqueó un intento del gobierno por retirar el Estatus de Protección Temporal (TPS) a cerca de cinco mil ciudadanos venezolanos. El magistrado determinó que aquellos beneficiarios con TPS vigente hasta octubre de 2026 podrán seguir residiendo y trabajando en Estados Unidos, a pesar de una resolución de la Corte Suprema que anuló protecciones para otros grupos migrantes.

El episodio en San Diego ha reavivado el debate nacional sobre el uso del poder federal en la aplicación de leyes migratorias, especialmente cuando las acciones afectan directamente a trabajadores sin antecedentes penales y generan temor en comunidades enteras.

Autoridades federales informaron la detención de Santos “N”, identificado como jefe operativo de la facción “Metros” del Cártel del Golfo, quien es señalado como el presunto autor intelectual del homicidio de cinco músicos del grupo regional mexicano conocido como Grupo Fugitivo.

La captura ocurrió en Reynosa, Tamaulipas, donde también fueron detenidas otras dos personas identificadas como Raúl “N” y Jesús Alejandro “N”. Durante el operativo, los agentes aseguraron armamento de alto calibre, droga y vehículos. El decomiso incluyó dos armas largas, tres armas cortas, 400 cartuchos útiles, tres kilos de cocaína, casi cuatro kilos de metanfetamina, 14 dosis de marihuana, cerca de 800 mil pesos en efectivo y una docena de vehículos.

De acuerdo con los informes oficiales, Santos “N”, también conocido como “M-47” o “Jimmy”, es un colaborador cercano de César “N”, alias “El Primito”, líder del grupo delictivo en la región y uno de los principales generadores de violencia en Tamaulipas. Las autoridades lo vinculan directamente con el caso de privación ilegal de la libertad y posterior asesinato de los cinco músicos.

Los cuerpos de las víctimas fueron localizados en un terreno de Reynosa. La agrupación, cuyos temas están disponibles en plataformas como Spotify, había desaparecido días antes cuando se dirigían a cumplir con una presentación en un bar local. Según relataron familiares, los músicos –de entre 20 y 40 años de edad– fueron interceptados mientras viajaban en una camioneta negra rumbo al evento.

El caso ha generado gran indignación en la comunidad artística y entre la sociedad civil, por la brutalidad del crimen y la presunta implicación de integrantes de una organización criminal que, en fechas recientes, ha sido clasificada como grupo terrorista por autoridades de Estados Unidos.

La semana pasada, otras nueve personas presuntamente vinculadas con este mismo hecho fueron detenidas. El caso permanece bajo investigación y se espera que en los próximos días se amplíen las imputaciones contra los responsables.

Un ataque sin precedentes ejecutado por Ucrania contra bases aéreas rusas, conocido como “Operación Telaraña”, ha encendido una ola de reacciones y especulaciones en medio del conflicto en Europa del Este. El operativo, que utilizó más de un centenar de drones para golpear instalaciones militares en el corazón del territorio ruso, ha sido comparado por analistas rusos con el ataque japonés a Pearl Harbor en 1941.

Mientras el Kremlin guarda silencio oficial sobre los daños, medios internacionales y analistas coinciden en que el impacto fue devastador. De acuerdo con información difundida por el medio estadounidense Newsweek, el ataque coordinado habría afectado cerca de 41 aeronaves de combate de alto valor estratégico para Moscú, con pérdidas estimadas en aproximadamente 7 mil millones de dólares.

Pese a la gravedad del evento, el presidente ruso Vladímir Putin y otros altos funcionarios del gobierno no han emitido declaraciones públicas al respecto. En contraste, la propaganda pro-Kremlin ha reaccionado con dureza, calificando el operativo como un “acto de terrorismo” y lanzando amenazas de represalias, incluso aludiendo a posibles ataques a bases de la OTAN.

El Kyiv Independent, medio ucraniano, reporta que algunos comentaristas nacionalistas dentro de Rusia han elevado el tono al sugerir medidas extremas, incluida la utilización de armamento nuclear como represalia, mientras acusan al gobierno de ocultar la magnitud del daño. Asimismo, otros blogueros rusos cercanos al oficialismo han criticado la falta de transparencia del Kremlin y han pedido reforzar las defensas para evitar futuros ataques de esta magnitud.

La ofensiva, que habría sido ejecutada de forma sincronizada en tres zonas horarias rusas, alcanzó instalaciones en Siberia y en la región de Amur, en el extremo oriente del país. Este alcance logístico, insólito en operaciones anteriores, demuestra un salto cualitativo en la capacidad ofensiva ucraniana a través de vehículos aéreos no tripulados.

La comparación con Pearl Harbor no es menor: aquel ataque provocó la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Aunque los contextos son distintos, analistas ya se preguntan si esta operación podría marcar un punto de inflexión en la guerra entre Rusia y Ucrania, y qué consecuencias geopolíticas podría acarrear si las amenazas de escalada se concretan.

Hasta el momento, Kiev no ha confirmado oficialmente su responsabilidad en los ataques, aunque fuentes cercanas al gobierno han señalado que los drones fueron operados de forma individual y autónoma, con un alto grado de precisión táctica.

En medio de la tensión, la comunidad internacional observa con atención, mientras crece la incertidumbre sobre cuál será el próximo movimiento de Moscú.