Zimapán, Hidalgo, 2025. En coordinación con la Cooperativa Caja Popular Las Huastecas, la Universidad Tecnológica Minera de Zimapán desarrolla el Programa Promotores Juveniles de Educación Financiera, una estrategia que ha consolidado dos generaciones de estudiantes universitarios capacitados y que beneficia de manera directa a niñas y niños de escuelas primarias públicas del municipio.

Desde julio de 2023, ambas instituciones mantienen un convenio de colaboración mediante el cual alumnas y alumnos de las carreras de Minería, Mantenimiento Industrial, Ambiental y Sustentabilidad, Logística y Turismo reciben formación especializada para impartir charlas y talleres en planteles de educación básica, fortaleciendo el vínculo entre la universidad y la comunidad.

La iniciativa tiene como objetivo central promover desde la infancia una cultura de ahorro, planeación y responsabilidad económica, al tiempo que contribuye a la formación integral de las y los universitarios que participan como promotores juveniles, quienes desarrollan habilidades de liderazgo, comunicación y compromiso social.

Cada grupo escolar recibe un ciclo de ocho sesiones mensuales de 40 minutos, en las que se abordan contenidos como el valor del dinero, la organización de gastos y la importancia del ahorro. Las actividades, impartidas por estudiantes de la UTMZ, no solo transmiten conocimientos, sino que también motivan a las y los menores a adoptar hábitos financieros formales desde edades tempranas.

Con este programa, la UTMZ refuerza la formación académica, social y humana de su comunidad estudiantil y contribuye al desarrollo local, en sintonía con la visión educativa y social del gobierno estatal encabezado por el gobernador Julio Menchaca Salazar y del titular del sector educativo, Natividad Castrejón Valdez.

Hidalgo, 2025. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo fortaleció el acceso efectivo a la justicia mediante la estandarización y certificación de sus servicios periciales, acciones que garantizan dictámenes objetivos y confiables, sustentados en estándares de validez internacional.

Un hito para la institución fue la acreditación internacional del Laboratorio de Armamento y Balística Forense de la División Científica, obtenida bajo la Norma ISO/IEC 17020 y otorgada por la Asociación Nacional de Acreditación de Estados Unidos. Este reconocimiento fue resultado de una auditoría externa que avaló la excelencia operativa, la competencia técnica del personal y la robustez de los procesos periciales, otorgándoles reconocimiento internacional.

Con esta acreditación, el laboratorio se posiciona como referente nacional en balística forense, al asegurar resultados técnicamente sólidos y aceptados en contextos internacionales para la procuración de justicia. Así lo señaló el jefe de Despacho de la PGJEH, Francisco Ángel Fernández Hasbun, al destacar el impacto institucional del logro.

Derivado de este avance, se fortaleció la cooperación con la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos, lo que permitió el acceso al sistema e-TRACE. A través de esta plataforma se registraron 271 armas de fuego para determinar su origen, trayectoria y posible vinculación con hechos delictivos, contribuyendo de manera significativa al avance y esclarecimiento de carpetas de investigación.

Estos resultados reflejan el compromiso de la PGJEH con la profesionalización, la cooperación binacional y la garantía de un acceso real a la justicia para las y los hidalguenses, en congruencia con la directriz del gobernador Julio Menchaca Salazar de fortalecer instituciones confiables y técnicamente sólidas.

Hidalgo, 2025. Durante el presente año, el gobernador Julio Menchaca Salazar presentó ante el Congreso del Estado de Hidalgo un conjunto de iniciativas de ley orientadas a elevar la calidad de vida de la población, promover la igualdad de derechos y modernizar el funcionamiento de los servicios públicos en la entidad.

Entre las propuestas destaca la reforma a disposiciones de la Constitución local en materia del Poder Judicial del Estado, que incorpora nuevos mecanismos para la elección de juezas, jueces, magistradas y magistrados, cuya implementación está prevista para 2027, con el objetivo de fortalecer la legitimidad y transparencia del sistema judicial.

En el ámbito presupuestal, el Ejecutivo estatal planteó ajustes al Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el Ejercicio 2025, a fin de concretar la construcción del Centro Administrativo del Poder Ejecutivo, proyecto que permitirá concentrar dependencias, reducir el gasto en arrendamientos y ofrecer a la ciudadanía espacios más accesibles y dignos para la atención de trámites y servicios.

De igual forma, fue remitido un paquete de iniciativas que contempla la extinción del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo, en armonía con las reformas federales aprobadas en 2024. Esta medida busca eliminar duplicidades institucionales, optimizar recursos públicos y asegurar que el gasto administrativo se traduzca en beneficios tangibles para la sociedad.

En materia de justicia administrativa, se propuso dotar de autonomía al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo, con la finalidad de lograr procesos más ágiles, claros y confiables, delimitar responsabilidades, evitar la inamovilidad de magistraturas y fortalecer los esquemas de evaluación por desempeño.

Respecto a la legislación secundaria, se impulsó la Ley de Entidades Paraestatales para la creación de Organismos Auxiliares del Poder Ejecutivo, concebidos como estructuras más flexibles y especializadas que permitan mejorar la calidad de los servicios públicos, reducir tiempos de respuesta y atender con mayor eficacia las necesidades de la población.

Asimismo, la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública plantea la actualización de la denominación y atribuciones de diversas áreas del Ejecutivo, incluyendo el cambio de la Secretaría de la Persona Titular del Poder Ejecutivo del Estado por Secretaría del Despacho del Poder Ejecutivo, además de optimizar las facultades en materia de comunicación gubernamental para establecer procesos más claros y eficientes.

Finalmente, la propuesta de reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público fortalece los mecanismos de transparencia y eficiencia en la compra pública, con énfasis en el cumplimiento de contratos, la actualización del padrón de proveedores y la mejora de la comunicación institucional relacionada con programas y acciones preventivas, garantizando un uso más responsable de los recursos estatales.