Washington, D.C., 6 de agosto de 2025.– El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó oficialmente que no buscará la pena capital para tres figuras emblemáticas del narcotráfico mexicano: Rafael Caro Quintero, Ismael “Mayo” Zambada y Vicente Carrillo Fuentes, también conocido como “El Viceroy”. Esta decisión se formalizó mediante documentos judiciales entregados a las cortes correspondientes, firmados por el fiscal Joseph Nocella Jr.

Caro Quintero, quien había sido liberado en 2013 tras más de dos décadas en prisión por el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, fue recapturado en 2022 en el estado de Sinaloa y extraditado a Estados Unidos el pasado febrero, junto a otros 28 presuntos integrantes de organizaciones criminales, en una operación considerada la mayor extradición coordinada entre México y Estados Unidos en la última década.

Por su parte, Ismael “Mayo” Zambada, considerado cofundador del cártel de Sinaloa junto a Joaquín “Chapo” Guzmán, fue detenido en 2024 en una terminal aérea cercana a El Paso, Texas, en compañía de Joaquín Guzmán López, hijo de su antiguo socio. Ambos enfrentan acusaciones federales por tráfico de drogas a gran escala, aunque hasta el momento se han declarado inocentes.

En cuanto a Vicente Carrillo Fuentes, señalado como exlíder del Cártel de Juárez y sucesor de su hermano Amado Carrillo “El Señor de los Cielos”, las imputaciones incluyen tráfico internacional de cocaína, operaciones financieras ilícitas derivadas del narcotráfico, pertenencia a una organización delictiva transnacional entre 1990 y 2014, y posesión ilegal de armamento.

Carrillo Fuentes fue incluido también en el grupo de 29 extraditados el 27 de febrero de este año, como resultado de un operativo binacional coordinado entre la Fiscalía General de la República de México y autoridades estadounidenses. Las acusaciones formales lo vinculan con la red conocida como Carrillo Fuentes Drug Trafficking Organization, cuya actividad se mantuvo activa tras la muerte de su hermano en 1997.

A pesar de los graves señalamientos por parte de las autoridades estadounidenses, el gobierno optó por no solicitar la pena de muerte en estos casos, una decisión que podría responder a criterios jurídicos, diplomáticos o estratégicos dentro del proceso penal federal que se sigue contra los tres imputados

Ixmiquilpan, Hidalgo, 6 de agosto de 2025.– Con el propósito de fortalecer la coordinación entre municipios y construir una agenda conjunta ante los retos comunes de la región, este martes se llevó a cabo una reunión entre alcaldes del Valle del Mezquital y la Sierra Gorda, con sede en Ixmiquilpan y encabezada por el edil anfitrión, Emanuel Hernández Pascual, así como por Eduardo Medécigo Rubio, presidente municipal de Mineral de la Reforma y líder de la Asociación de Alcaldes del Estado de Hidalgo.

Durante su intervención, Hernández Pascual afirmó que Ixmiquilpan se ha consolidado como un referente estatal por su riqueza cultural, vocación turística, dinamismo comercial y legado gastronómico. Sin embargo, también reconoció que el municipio ha enfrentado profundas afectaciones institucionales derivadas de años de corrupción, prácticas caciquiles y abandono del verdadero sentido del servicio público.

“Después de una etapa crítica en materia de seguridad, hoy podemos afirmar que en casi un año de esta administración no se ha registrado ningún delito de alto impacto. Este resultado no solo beneficia a Ixmiquilpan, sino que contribuye a un entorno más seguro para toda la región”, declaró el presidente municipal.

El edil hizo un llamado a dejar atrás las acciones individuales, afirmando que los desafíos como el acceso al agua potable, la gestión de residuos y la seguridad pública no se limitan a un solo territorio y exigen respuestas coordinadas entre municipios. En ese sentido, planteó la necesidad de construir una agenda regional con enfoque estratégico a corto, mediano y largo plazo.

Durante la sesión, también expresó su reconocimiento al gobernador Julio Menchaca Salazar, por brindar respaldo constante a los gobiernos municipales y mantener una política de cercanía y acompañamiento desde la administración estatal.

A la reunión asistieron alcaldes y alcaldesas de Huejutla, Alfajayucan, Apan, Actopan, Chilcuautla, Mixquiahuala, San Salvador, Santiago de Anaya, El Cardonal, El Arenal, Tasquillo, Zimapán, Jacala, Chapantongo, San Agustín Mezquititlán y Pacula, así como el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Julio Valera Piedras.

Este encuentro reafirmó el compromiso de los municipios participantes por avanzar hacia un modelo de gobernanza más articulado, donde la cooperación regional sea una herramienta clave para atender los desafíos estructurales del territorio hidalguense.

Miami, Florida, 6 de agosto de 2025.– A tan solo unos meses de concluir su sentencia por homicidio involuntario, el actor mexicano Pablo Lyle enfrenta una posible resolución favorable en el juicio civil que lo vincula con la muerte de Juan Ricardo Hernández, debido a una omisión procesal que podría dejar sin efecto la demanda por indemnización de cinco millones de dólares.

El caso civil entablado por los familiares del hombre cubano de 63 años, fallecido en 2019 tras un altercado vial con el actor, se encuentra actualmente en pausa. La más reciente audiencia, prevista para el 31 de julio, fue suspendida ante la falta de representación legal por parte de Lyle, quien no cuenta con abogado activo en ese procedimiento. Esta situación ha generado un estancamiento legal que podría derivar en la cancelación definitiva del proceso.

Por otro lado, la familia del fallecido también enfrenta complicaciones, luego de que su equipo jurídico abandonara el caso, dejando la demanda sin impulso legal. El tribunal ha concedido un plazo no mayor a 20 días —que vence el próximo 20 de agosto— para que la parte demandante reactive formalmente el juicio. De no cumplirse con este requerimiento, el caso sería desestimado sin que se dicte una resolución sobre la compensación económica solicitada.

La demanda civil contempla pagos por concepto de servicios funerarios, atención psicológica y pérdidas económicas derivadas de la muerte de Hernández. Si el procedimiento es cerrado, Lyle quedaría exento de cubrir la indemnización y evitaría la obligación de entregar información financiera o enfrentar un juicio que analice los daños provocados.

El incidente que originó este proceso ocurrió en marzo de 2019, cuando Lyle agredió a Hernández durante una discusión vehicular. La víctima cayó al suelo tras recibir un golpe, sufrió una lesión cerebral y falleció días después en el hospital. Aunque el actor fue declarado culpable en la vía penal, el desenlace del juicio civil podría cerrarse sin consecuencias económicas si no se reactiva en el tiempo establecido.

Este giro legal podría significar una ventaja considerable para el actor, quien ha atravesado un proceso judicial complejo tanto en tribunales penales como civiles desde el inicio del caso.