Puebla, Pue., abril de 2025.— En un movimiento que marca un giro en la relación entre el gobierno estatal y los desarrolladores inmobiliarios de alto perfil, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, lanzó un ultimátum público a Grupo Proyecta, empresa responsable del exclusivo desarrollo Lomas de Angelópolis, exigiendo la donación de al menos dos hectáreas de terreno destinadas a la construcción de viviendas para policías estatales.

Durante su conferencia matutina en el Centro Expositor, el mandatario fijó un plazo de 30 días para que la compañía cumpla con la entrega del terreno. En caso contrario, advirtió, el gobierno iniciará un proceso legal para expropiar el doble de la superficie solicitada, es decir, cuatro hectáreas.

“Han ganado mucho con el desarrollo en zonas privilegiadas del estado. Es hora de que devuelvan algo al pueblo. No es para mí, es para nuestros cuerpos de seguridad que merecen vivir dignamente”, enfatizó Armenta, al justificar la medida como parte de una política de justicia social y dignificación policial.

El gobernador señaló que la empresa ha obtenido amplios beneficios económicos al operar en áreas de alta plusvalía como Santa Clara Ocoyucan y la reserva territorial Atlixcáyotl. Por ello, recalcó que esta exigencia no se trata de una negociación, sino de una responsabilidad con el estado.

Armenta también extendió el llamado a la familia Haghenbeck, desarrolladora del fraccionamiento Haras del Bosque, para que se sumen a la iniciativa y cedan terrenos para la construcción de más viviendas destinadas a agentes estatales, con el objetivo de beneficiar a por lo menos 10 mil elementos.

Grupo Proyecta, desde su fundación, ha sido una de las firmas inmobiliarias más influyentes en la zona metropolitana de Puebla. Sin embargo, también ha estado bajo el escrutinio público por diversas controversias legales, incluyendo denuncias por supuestas escrituras falsas y presuntos actos de corrupción desde 2002.

En años recientes, la estructura accionaria de Lomas de Angelópolis cambió de forma significativa. De acuerdo con reportes periodísticos, más del 60% del control actual está en manos de Grupo México, mientras que el resto permanece bajo la titularidad de los hermanos Posada Cueto y el exsecretario de Hacienda, Pedro Aspe Armella.

El posicionamiento de Armenta no solo apunta a presionar a los grupos empresariales, sino que plantea una nueva narrativa de uso social del suelo en zonas exclusivas, donde la riqueza convive con las demandas históricas de seguridad y justicia para quienes protegen a la ciudadanía

A partir de este lunes 14 de abril, alumnas y alumnos de nivel básico —tanto de escuelas públicas como privadas— comenzaron oficialmente su receso escolar de primavera, una pausa contemplada en el calendario académico 2024–2025 de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El periodo vacacional se extenderá hasta el viernes 25 de abril, por lo que las clases se reanudarán el lunes 28 de abril, en todos los estados del país. Este lapso representa una oportunidad no solo para descansar, sino para fortalecer la convivencia familiar y reforzar valores fundamentales en el entorno del hogar.

La SEP invitó a madres, padres y tutores a hacer de estos días un espacio de reconexión y aprendizaje emocional, en beneficio del desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, recomendó tomar medidas de precaución para garantizar un regreso ordenado y seguro a las aulas.

En paralelo, se mantiene activa la coordinación con gobiernos municipales para reforzar la seguridad en los planteles escolares. En las zonas con mayor vulnerabilidad, se han intensificado los patrullajes y rondines preventivos a fin de evitar actos vandálicos y salvaguardar la infraestructura educativa.

Autoridades educativas también llamaron a la ciudadanía a reportar cualquier actividad irregular en las inmediaciones de las escuelas a través de la línea de emergencia nacional 911, disponible las 24 horas.

Este receso representa más que un alto en el calendario escolar: es una pausa estratégica para cuidar la integridad física y emocional de las comunidades educativas, con miras a un cierre de ciclo fuerte, seguro y armónico.

Estado de México, abril de 2025.— Como parte de una estrategia nacional para ampliar el acceso a viviendas dignas, la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) anunció la puesta en marcha del programa Vivienda del Bienestar en el Estado de México. Esta iniciativa contempla dos modalidades: apoyo económico para mejorar hogares existentes y construcción de nuevas viviendas en zonas urbanas estratégicas.

El director general de la CONAVI, Rodrigo Chávez Contreras, detalló que se entregarán 100 mil subsidios de 40 mil pesos dirigidos a habitantes de municipios ubicados en el oriente de la entidad, con el objetivo de apoyar el mejoramiento de viviendas precarias. A la par, se desarrollarán complejos habitacionales con inmuebles a bajo costo, cuyo valor no superará los 540 mil pesos, y que estarán ubicados cerca de servicios esenciales y centros laborales.

El proceso de implementación del programa se desarrollará en las siguientes fases:

• Abril 2025: Se dará a conocer la convocatoria oficial, en la que se especificarán los requisitos, pasos para registrarse y los criterios de selección.
• Mayo 2025: Iniciará una campaña de difusión a través de medios impresos, plataformas digitales, asambleas comunitarias y visitas casa por casa, a cargo de los Servidores de la Nación.
• Mayo 2025: Comenzará el registro formal en módulos físicos instalados en localidades prioritarias, es decir, colonias, barrios y pueblos con mayor rezago social.
• Junio 2025: Finalizará el periodo de inscripción y, posteriormente, se dará a conocer la lista de personas seleccionadas que podrán acceder a una de las nuevas viviendas.

Para poder ser parte del programa, las personas interesadas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

• Tener más de 18 años y contar con dependientes económicos.
• No estar afiliado al INFONAVIT ni FOVISSSTE.
• Acreditar un ingreso familiar igual o inferior a dos salarios mínimos.
• Presentar comprobante de residencia mínima de cinco años en el Estado de México.
• No ser propietario de vivienda.
• Entregar documentación que respalde sus ingresos, como recibos de nómina o declaraciones económicas.

Con esta política pública, el Gobierno Federal busca garantizar el acceso a vivienda segura, adecuada y asequible, beneficiando especialmente a familias en situación vulnerable y promoviendo el desarrollo urbano en regiones con mayor necesidad.