27 de enero de 2026, Tula de Allende y Zempoala, Hidalgo. Como parte de los despliegues permanentes para reducir la incidencia delictiva y fortalecer la seguridad en zonas consideradas prioritarias, corporaciones estatales y federales lograron resultados relevantes mediante acciones preventivas y operativas en ambos municipios.

En el caso de Tula de Allende, los trabajos de vigilancia permitieron la intervención de tres personas —dos de 34 años y una de 47—, quienes fueron detectadas en posesión de diversas dosis de sustancias presuntamente ilícitas. Durante la misma acción, fue localizada y asegurada una camioneta marca Mazda que contaba con reporte de robo vigente, la cual quedó a disposición de la autoridad correspondiente para las investigaciones legales.

Estas labores forman parte de la estrategia enfocada en inhibir actividades que alteran el orden público y en recuperar condiciones de tranquilidad para la población, reforzando la presencia institucional en puntos estratégicos del municipio.

De manera paralela, en Zempoala, elementos de seguridad aseguraron a una mujer de 33 años de edad, de nacionalidad colombiana, quien presuntamente portaba varias dosis de una sustancia con características similares a la marihuana. Además, fue resguardado un predio que estaría vinculado con actividades irregulares, el cual quedó bajo custodia para el desarrollo de las diligencias correspondientes conforme a los protocolos legales.

Las autoridades reiteraron que estos resultados son producto de la coordinación interinstitucional y del fortalecimiento de los operativos permanentes, con el objetivo de preservar el orden, prevenir conductas delictivas y garantizar entornos más seguros para las familias de la región.

El seguimiento de estas acciones busca consolidar una estrategia de seguridad sostenida que genere confianza ciudadana y contribuya a la estabilidad social en los municipios intervenidos.

27 de enero de 2026, Pachuca de Soto, Hidalgo. La Sección 15 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación concretó la entrega de 144 propuestas de nuevos ingresos correspondientes a todos los niveles educativos, como parte de una estrategia orientada a fortalecer la transparencia, brindar certeza laboral y consolidar el relevo generacional dentro del magisterio en la entidad.

El acto fue encabezado por el secretario general de la Sección 15, Mtro. Said Vargas Sáenz, y contó con la presencia del Mtro. Jesús Jaime Rochín Carrillo, representante del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, quien acompañó el proceso y refrendó el respaldo institucional a las maestras y los maestros que inician una nueva etapa en el servicio educativo.

Durante su mensaje, el dirigente sindical subrayó la importancia de que las nuevas generaciones comprendan el valor histórico, social y laboral de la organización sindical, destacando que se trata del sindicato más grande del mundo, construido a partir de la unidad, la organización y la participación colectiva del magisterio. Recordó que actualmente el sindicato agrupa a cerca de 44 mil trabajadoras y trabajadores en activo, así como a más de 17 mil personas jubiladas, a quienes reconoció como una voz permanente y activa en la vida sindical.

Vargas Sáenz señaló que el cuidado del futuro de la organización recae en todas y todos los agremiados, quienes tienen la responsabilidad de preservar su autonomía, fortaleza institucional y capacidad de representación, manteniendo una participación consciente y organizada.

Asimismo, reconoció el liderazgo nacional del Mtro. Alfonso Cepeda Salas, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE y senador de la República, al impulsar una reforma en materia de autonomía sindical que fue aprobada por unanimidad en ambas Cámaras, consolidando un marco legal que protege la vida interna del sindicato y garantiza que las decisiones continúen en manos de sus integrantes.

Con esta entrega de propuestas, la Sección 15 refrenda su compromiso con las nuevas generaciones de docentes, con quienes han dedicado su vida al servicio educativo y con la defensa permanente de un sindicalismo sólido, autónomo y enfocado en el fortalecimiento del magisterio hidalguense.

27 de enero de 2026, Pachuca de Soto, Hidalgo. Durante los primeros tres años de la administración estatal, los comités ciudadanos que integran el modelo de Contraloría Social han dado seguimiento a proyectos de infraestructura pública que en conjunto representan una inversión superior a los 5 mil 118 millones 828 mil 430 pesos en la entidad.

Octavio Hernández Ibarra, analista de la Dirección de Contraloría Social de la Secretaría de la Contraloría estatal, informó que, hasta el momento, se ha capacitado a 7 mil 293 comités ciudadanos, responsables de verificar que las obras se ejecuten conforme a los estándares de calidad, tiempos establecidos y correcta aplicación de los recursos públicos.

El funcionario explicó que la Contraloría Social funciona como un mecanismo de vigilancia directa por parte de los propios beneficiarios, quienes supervisan que los proyectos cumplan con lo autorizado y que los fondos asignados se utilicen de manera transparente. La integración de estos comités corresponde a los ayuntamientos, a través de los cabildos, ya que son las instancias facultadas para administrar los expedientes técnicos de las obras programadas cada año en los municipios.

Hernández Ibarra detalló que se ha logrado que los gobiernos municipales entreguen a los comités copias de los expedientes técnicos, lo que permite a la ciudadanía conocer el origen de los recursos, los alcances de cada proyecto y las metas que deben cumplirse. Esta información se convierte en una herramienta clave para que la supervisión sea objetiva y efectiva.

Asimismo, indicó que algunos comités ya trabajan de manera coordinada con las empresas responsables de la ejecución de las obras, iniciando la vigilancia desde el arranque de los proyectos hasta su conclusión, lo que fortalece el control social y previene posibles irregularidades.

El analista destacó que la participación ciudadana complementa el trabajo institucional y refuerza la transparencia, al generar una mayor corresponsabilidad en el uso de los recursos públicos. De cara a 2026, el programa mantiene como prioridad ampliar la participación social, asegurando que las obras se desarrollen conforme a lo establecido en los expedientes técnicos, en apego a las directrices marcadas por la Contraloría estatal.

El objetivo final es que la población tenga pleno conocimiento de cómo se ejecutan los proyectos públicos y cuente con herramientas para verificar que se realicen con calidad, en tiempo y con apego a la normatividad, consolidando un modelo de supervisión con respaldo ciudadano y mayor confianza social.