Pachuca de Soto, Hidalgo; 22 de octubre de 2025.– Agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) cumplimentaron una orden de aprehensión por reclusión en contra de M. V. O., quien se desempeñó como oficial mayor del Gobierno del Estado durante la administración 2016–2022, acusado del delito de peculado agravado.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, los hechos ocurrieron el 30 de abril de 2021, cuando el entonces funcionario solicitó 60 millones de pesos en recursos extraordinarios para la renovación de una póliza de seguro catastrófico, a través del contrato número 303/2021, firmado con la empresa Grupo Mexicano de Seguros S.A. de C.V.

Tras el paso del huracán Grace, los días 21 y 22 de agosto del mismo año, la aseguradora realizó el pago de 116 millones 62 mil pesos por concepto de indemnización de daños. No obstante, las autoridades detectaron que dicho recurso no ingresó a las arcas del Gobierno del Estado, sino que fue transferido de manera irregular a una cuenta bancaria perteneciente a la empresa Logcom Trading Company S.A. de C.V.

El imputado será puesto a disposición de un juez de control, quien determinará la fecha y hora para la audiencia inicial, en la que se formulará la imputación y se definirá su posible vinculación a proceso.

Con esta acción, la Procuraduría de Justicia reitera su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, reforzando su labor en el combate a los delitos cometidos contra el patrimonio público.

Pachuca, Hidalgo.– Este miércoles representa un momento clave en la búsqueda de justicia para Araceli C. H., víctima de feminicidio ocurrido el 2 de marzo de 2023 en la colonia San Cayetano. Tras más de un año de exigencias por parte de familiares, amistades y colectivos feministas, el presunto responsable, identificado como J. V. G., enfrenta finalmente su audiencia de vinculación a proceso.

De acuerdo con las investigaciones, Araceli convivía con su pareja desde 2021 y perdió la vida luego de sufrir complicaciones de salud sin recibir atención médica oportuna, presuntamente por omisión del acusado. Este fue detenido el pasado 17 de octubre de 2025 y se encuentra bajo prisión preventiva, en espera de la resolución judicial.

El caso ha generado profunda indignación social y ha impulsado una ola de movilización en Hidalgo, donde activistas y colectivos han acompañado a la familia en su exigencia de verdad y justicia. La audiencia de hoy es vista como una oportunidad para sentar un precedente en la lucha contra la violencia de género y fortalecer la confianza en las instituciones encargadas de impartir justicia.

Familiares de la víctima confían en que el Poder Judicial del Estado actuará con imparcialidad, sensibilidad y rigor, dando respuesta a una demanda que ha trascendido el ámbito legal para convertirse en símbolo de la resistencia y esperanza de las mujeres hidalguenses.

La voz de Araceli, hoy, resuena como un llamado colectivo: justicia, respeto y verdad para todas las víctimas de violencia de género.

Amozoc, Puebla.– Autoridades de los tres órdenes de gobierno desmantelaron un nuevo circuito de videovigilancia ilegal instalado por grupos delictivos para monitorear los movimientos policiacos en distintas zonas del municipio, a tan solo dos meses de que se realizara un operativo similar.

Durante una acción conjunta efectuada el 21 de octubre, elementos de la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano, la Policía Estatal y la Policía Municipal retiraron 17 cámaras de videograbación que operaban de manera irregular sobre postes de energía eléctrica y fachadas, en tramos de la carretera federal Puebla–Tehuacán, particularmente entre las comunidades de San Mateo Mendizábal y Las Ánimas.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla (SSP), las cámaras eran utilizadas por presuntos integrantes del crimen organizado para vigilar y reportar los movimientos de las corporaciones de seguridad, práctica conocida como halconeo.

“Estos equipos de videograbación se encontraban colocados ilegalmente en postes de energía eléctrica, por lo que las fuerzas de seguridad realizaron las acciones correspondientes para su retiro”, indicó la corporación en un comunicado.

El pasado 21 de agosto de 2025, las mismas autoridades habían desmantelado un sistema con el mismo número de cámaras utilizadas con fines delictivos. En esa ocasión, el Ayuntamiento de Amozoc advirtió que los dispositivos representaban un riesgo para la seguridad y privacidad de la población.

Las autoridades estatales reiteraron que estos operativos forman parte de las acciones para regular el uso de equipos de videograbación, garantizar la seguridad pública y proteger los derechos de la ciudadanía frente al uso indebido de tecnología por parte de grupos criminales.