19 de noviembre de 2025, Ciudad de México. Diversas organizaciones de transportistas y colectivos del sector agrícola anunciaron que el próximo lunes 24 de noviembre realizarán un megabloqueo nacional que podría afectar de manera significativa la movilidad en gran parte del país. La convocatoria fue emitida por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y el Movimiento Agrícola Campesino, quienes señalaron que la jornada de protesta responde a la creciente inseguridad en carreteras federales y a la falta de atención del Gobierno Federal a sus demandas.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, ANTAC pidió a la ciudadanía evitar viajes por carretera ese día, al advertir que las condiciones de riesgo para transportistas y usuarios se han agravado. La organización reiteró que esta movilización busca visibilizar la frecuencia de asaltos, agresiones y robos en distintos tramos carreteros, así como la necesidad urgente de medidas efectivas para garantizar la seguridad del sector. A ello se suma el reclamo de productores agrícolas por incumplimientos de pagos y apoyos, así como por condiciones adversas para el traslado de mercancías.

Los convocantes explicaron que la unión entre agrupaciones de transporte y colectivos campesinos obedece a que las afectaciones ya no son aisladas ni sectoriales, sino un problema compartido que compromete la seguridad y el sustento de miles de trabajadores. Adelantaron que al menos veinticinco estados se sumarán al paro nacional y que las afectaciones podrían comenzar entre las 06:00 y las 08:00 horas del lunes, con bloqueos en carreteras estratégicas como México–Nogales, México–Querétaro y México–Puebla. También se prevén cierres en accesos a la Ciudad de México, situación que podría generar complicaciones severas en la zona metropolitana.

Entre los puntos bajo posible impacto destacan las aduanas de Nuevo Laredo, Manzanillo y Veracruz, consideradas esenciales para la entrada y salida de mercancías del país. Una interrupción en estas rutas podría provocar retrasos logísticos de alcance nacional.

Las organizaciones recomendaron a la población reprogramar viajes, evitar traslados largos y mantenerse informada durante la mañana del lunes para conocer los puntos afectados. Asimismo, insistieron en que el objetivo del megabloqueo es ejercer presión para que las autoridades federales atiendan las demandas antes de que la violencia carreteras y el abandono del campo continúen agravándose. Hasta el momento, no se ha informado si habrá reuniones previas entre el gobierno y los convocantes para intentar evitar la realización del paro.

19 de noviembre de 2025, Ciudad de México. La Fiscalía de la capital informó que cinco personas fueron vinculadas a proceso por su presunta participación en hechos de violencia registrados durante la movilización conocida como la marcha de la “Generación Z”, manifestación que congregó a miles de jóvenes en el centro de la ciudad.

Según el expediente judicial, las personas imputadas enfrentan cargos preliminares por robo, lesiones y resistencia, mientras la carpeta continúa abierta ante la posibilidad de que se configuren delitos de mayor gravedad. Las autoridades indicaron que otros detenidos podrían ser sujetos a nuevas imputaciones conforme avance el análisis de videos, declaraciones y evidencia recabada en distintos puntos del trayecto de la marcha.

El operativo implementado durante la movilización movilizó a cientos de agentes y concluyó con bloqueos, confrontaciones intermitentes y una alta concentración de participantes que complicó la circulación en zonas estratégicas del primer cuadro capitalino. La autoridad local señaló que las acciones judiciales emprendidas buscan contribuir al restablecimiento del orden y generar un mensaje disuasorio frente a conductas violentas en futuras movilizaciones.

Paralelamente, el gobierno capitalino anunció la apertura de un espacio de diálogo dirigido a jóvenes participantes, con el propósito de atender inquietudes relacionadas con justicia, seguridad y oportunidades laborales. La ciudadanía permanece atenta a la evolución del proceso judicial y a las medidas que se adopten en los próximos días.

Ciudad de México — 17 de noviembre de 2025. La marcha denominada “Generación Z”, realizada el pasado 15 de noviembre, concluyó en enfrentamientos con elementos de seguridad y en la detención de varios participantes, algunos de ellos señalados por tentativa de homicidio. Dos días después, el proceso de traslado de los jóvenes asegurados volvió a colocar el caso en el centro del debate público.

Durante la tarde de este lunes circularon videos e imágenes que muestran el momento en que los detenidos fueron sacados de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para ser trasladados a centros penitenciarios. Las grabaciones difundidas en distintas cuentas de la plataforma X captaron la salida de una camioneta negra con los jóvenes en su interior, quienes recibieron apoyo de familiares y de un equipo de abogados. Las imágenes los muestran visiblemente afectados y con signos de lesiones.

Los materiales difundidos señalan que los jóvenes estuvieron varias horas en condiciones adversas antes de su traslado, el cual se dirigió hacia el Reclusorio Norte y el penal de Santa Martha Acatitla. La situación provocó cuestionamientos públicos sobre el tratamiento recibido tras su detención.

En respuesta a los señalamientos, el empresario Simón Levy informó que llevó el caso a instancias internacionales mediante la presentación de un expediente ante el gobierno de Estados Unidos, bajo la Ley Global Magnitsky, en el que solicita sanciones contra autoridades mexicanas por presuntas violaciones a derechos humanos.

Al mismo tiempo, distintas figuras políticas intervinieron en el tema. La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, habría iniciado gestiones relacionadas con la situación jurídica de los jóvenes, mientras que el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, condenó lo ocurrido durante la movilización y señaló que la institución “reprueba la existencia de grupos organizados que protagonizaron estos actos”.

El caso continúa en revisión por autoridades judiciales y administrativas, mientras organizaciones civiles piden claridad en el proceso, condiciones adecuadas para los detenidos y una investigación completa sobre los hechos.