El Gobierno de la Ciudad de México lanzará un nuevo programa social que brindará un apoyo económico de 2 mil pesos a capitalinos de entre 57 y 59 años, bajo el nombre de “Ingreso Ciudadano Universal”. Este programa, que fue una promesa de campaña de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, ya tiene establecidas sus reglas de operación, publicadas este lunes en la Gaceta Oficial.

Los beneficiarios recibirán los 2 mil pesos a través de una tarjeta electrónica, en la cual se realizarán transferencias programadas entre noviembre y diciembre de este año. El objetivo del programa es beneficiar inicialmente a 20 mil personas que viven en áreas con bajo y muy bajo índice de desarrollo social, aunque se prevé que para 2030 se cubra a toda la población objetivo, estimada en alrededor de 330 mil personas.

En su primera fase, el programa destinará 40 millones de pesos del presupuesto 2024, específicamente del Capítulo 4000 “Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas”. A medida que avance la administración, se ampliará la cobertura para incluir a más beneficiarios cada año.

Requisitos Para Acceder Al Apoyo

Los requisitos para acceder al programa incluyen:

• Ser residente de la Ciudad de México y tener entre 57 años y 11 meses y 59 años de edad.
• No estar recibiendo otras ayudas económicas similares de parte del gobierno.
• Presentar documentación como identificación oficial, acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio.

Según datos de la Secretaría del Bienestar e Igualdad Social, el 47.1% de la población en este rango de edad vive en situación de pobreza, mientras que un 11.4% enfrenta condiciones de pobreza extrema. La dependencia argumentó que este sector de la población se ve afectado por un mercado laboral precario y segmentado, que discrimina por edad, por lo que la iniciativa busca darles una mayor protección.

El programa busca consolidar un sistema de ingreso básico universal innovador en la Ciudad de México, el cual será clave para la protección social desde el próximo año. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó la semana pasada que la entrega de los apoyos comenzará en noviembre.

Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa y figura clave en el narcotráfico en México, se encuentra en un punto crucial de su vida. Según reveló la periodista Anabel Hernández, Zambada ha comenzado a colaborar de manera limitada con el gobierno de Estados Unidos en un intento por evitar la pena de muerte, en un escenario que plantea dilemas tanto éticos como estratégicos para el capo.

La situación del Mayo recuerda el caso de su hijo, Vicente Zambada Niebla, conocido como “El Vicentillo”, quien también optó por colaborar con las autoridades estadounidenses para reducir su condena, entregando información valiosa sobre las operaciones del cártel. Sin embargo, el panorama para El Mayo parece ser más incierto, ya que su cooperación podría no garantizarle la libertad, sino apenas salvar su vida.

De acuerdo con los reportes, Zambada ha comenzado a ofrecer “probaditas” de información, un término que sugiere una entrega controlada y medida de datos relevantes. Con esta táctica, busca observar cómo reaccionan las autoridades de EE.UU. y qué beneficios podría obtener a cambio. Mientras tanto, los fiscales estadounidenses mantienen la presión sobre él, especialmente por la posibilidad de la pena de muerte, una carta que hasta ahora no se ha jugado con otros capos de su calibre.

En una reciente audiencia, los fiscales confirmaron al juez Brian Cogan que la pena capital sigue siendo una opción para El Mayo, dado el peso de los 17 cargos que enfrenta, incluidos delitos graves como tráfico de drogas, asesinatos y comercio ilegal de armas. La decisión final sobre su sentencia aún depende del fiscal general, Merrick Garland, pero la amenaza de la ejecución es un factor que obliga a Zambada a pensar con cautela sus próximos movimientos.

El desenlace de este caso se espera para el 15 de enero de 2025, cuando el tribunal podría avanzar en la fase penal y determinar el destino de El Mayo. Para el gobierno de Estados Unidos, Zambada representa una fuente potencial de información valiosa sobre la estructura y operación del Cártel de Sinaloa, pero la amenaza de la pena de muerte se mantiene como una herramienta de presión cuidadosamente utilizada por las autoridades.

Cada audiencia y revelación deja en evidencia que el futuro de El Mayo depende de su capacidad para entregar información crucial que satisfaga las expectativas de EE.UU. Este caso, además, podría marcar un precedente en la lucha contra el narcotráfico, al redefinir las estrategias de negociación con los capos. Mientras tanto, el Cártel de Sinaloa enfrenta desafíos internos que podrían cambiar sus alianzas y dinámicas operativas.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó este lunes cualquier posibilidad de negociar con grupos delictivos, en respuesta a la propuesta del diputado Manuel Espino, quien sugirió la creación de una Comisión Nacional de Pacificación para abrir un diálogo con los cárteles y reducir la violencia en el país.

“No vamos a negociar con delincuentes, seguiremos trabajando para construir paz atacando las causas y garantizando cero impunidad”, enfatizó Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina, dejando clara su postura frente a la iniciativa presentada por Espino, miembro del partido gobernante Morena.

El legislador había propuesto que el Gobierno federal dialogara con los cárteles del narcotráfico, sin otorgarles perdón ni impunidad, con la intención de buscar una vía distinta para alcanzar la paz, abogando por la “justicia social” en lugar del uso exclusivo de la fuerza.

Espino ya había planteado una propuesta similar en 2022 durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sin éxito. Ahora, su idea fue llevada a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, generando nuevamente controversia.

Las declaraciones de la mandataria se dan en un contexto de alta tensión en regiones como Sinaloa, donde recientemente se llevó a cabo un operativo que dejó 19 personas fallecidas, tras la captura de Edwin, alias ‘El Max’, un supuesto líder criminal vinculado a la facción de Ismael ‘el Mayo’ Zambada.

Sheinbaum dejó en claro que su administración mantendrá la línea de firmeza contra la delincuencia, centrando sus esfuerzos en abordar las causas de fondo de la violencia y asegurar que no haya impunidad para quienes violen la ley.