Hidalgo avanza en el proceso de designación de las personas titulares de los Órganos Internos de Control (OIC) de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, el Instituto Estatal Electoral, el Tribunal Electoral y la Auditoría Superior del Estado, cargos que tendrán la responsabilidad de fortalecer la vigilancia institucional durante los próximos cuatro años.

Este procedimiento permitirá definir a quienes supervisarán el cumplimiento de la legalidad, investigarán posibles responsabilidades administrativas y contribuirán al correcto ejercicio de los recursos públicos en organismos clave para la vida democrática y administrativa de la entidad.

La convocatoria fue emitida por el Congreso del Estado y actualmente se encuentra en la etapa de revisión de expedientes por parte de las comisiones dictaminadoras. Posteriormente, del 13 al 22 de julio, se realizarán entrevistas y comparecencias para evaluar la experiencia profesional, capacidad técnica, conocimiento jurídico e independencia de criterio de las y los aspirantes.

El titular de la Secretaría de Contraloría, Álvaro Bardales, destacó la importancia de que estos espacios sean ocupados por perfiles con capacidad técnica, autonomía y compromiso con la transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas.

Más allá de una renovación administrativa, el proceso definirá a quienes tendrán la responsabilidad de fortalecer los mecanismos de control interno, prevenir riesgos, atender observaciones y contribuir al funcionamiento eficiente de las instituciones.

En el caso del Instituto Estatal Electoral y del Tribunal Electoral, las personas designadas deberán vigilar procesos relevantes como las elecciones de 2027 y 2030, en las que será fundamental actuar con independencia, objetividad y apego a la legalidad.

Por otra parte, quien encabece el Órgano Interno de Control de la Auditoría Superior del Estado enfrentará un periodo importante de fiscalización, marcado por procesos de entrega-recepción en ayuntamientos y en el Poder Ejecutivo estatal, además de los cambios que se desarrollan a nivel nacional en materia de auditoría y control gubernamental.

Respecto a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, el fortalecimiento institucional cobra especial relevancia ante los nuevos desafíos que representan las tecnologías emergentes y los debates relacionados con la protección de derechos en entornos digitales.

Las autoridades han señalado que la fiscalización moderna requiere no solo detectar irregularidades, sino también fortalecer procesos, promover la ética pública y generar confianza ciudadana mediante instituciones sólidas y profesionales.

El calendario aprobado establece que las designaciones deberán concluir el próximo 29 de julio, fecha en la que las personas seleccionadas rendirán protesta para asumir una responsabilidad clave en materia de legalidad, transparencia y rendición de cuentas en Hidalgo.

Con el objetivo de fortalecer la permanencia escolar y apoyar el desarrollo académico de jóvenes de educación superior, el gobernador Julio Menchaca Salazar encabezó la primera entrega de apoyos económicos del programa Becas para la Transformación, que este 2026 beneficiará a más de 17 mil estudiantes de universidades públicas.

Durante el evento, el mandatario estatal destacó que Hidalgo se ubica como el segundo estado que más apoya con becas a la educación superior a nivel nacional, además de registrar un crecimiento importante en el presupuesto destinado a la juventud hidalguense.

Menchaca Salazar detalló que al inicio de la administración, en 2022, se destinaban cerca de 24 mil 700 millones de pesos a este sector, mientras que actualmente la inversión supera los 33 mil millones de pesos.

El gobernador señaló que Hidalgo cuenta con un sistema sólido de educación media superior y superior, orientado a disminuir la migración y ofrecer mayores oportunidades a las y los jóvenes dentro de la entidad.

Ante estudiantes universitarios, pidió aprovechar estos apoyos con responsabilidad, disfrutar su formación académica y corresponder al esfuerzo que realizan sus familias para acompañarlos en su preparación.

En representación de las y los beneficiarios, Olaff Mendoza Muñoz, alumno de la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji, unidad académica Chapulhuacán, expresó que detrás de cada beca hay una familia con mayor tranquilidad, una estudiante o un estudiante con oportunidad de continuar sus estudios y una comunidad con esperanza.

El secretario de Educación Pública, Natividad Castrejón Valdez, informó que para este 2026 se destinó una inversión de 130 millones de pesos al programa Becas para la Transformación, con el propósito de reducir la deserción escolar, ampliar las oportunidades educativas y respaldar el talento de 17 mil 400 estudiantes.

En esta primera entrega se otorgaron 11 mil 700 apoyos económicos, equivalentes a 71 millones de pesos, dirigidos a jóvenes de universidades públicas de Hidalgo.

Con estas acciones, el gobierno estatal busca fortalecer la educación superior como una herramienta de justicia social, bienestar y futuro para las nuevas generaciones hidalguenses.

La presidenta del Patronato del Sistema DIF Hidalgo, Edda Vite Ramos, encabezó la toma de protesta de los equipos multidisciplinarios de Tizayuca y Tolcayuca, como parte del fortalecimiento de las procuradurías municipales encargadas de proteger y restituir los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Durante el acto, Edda Vite destacó que el objetivo es garantizar que la niñez y adolescencia permanezcan en entornos seguros, rodeados de afecto y con sus derechos plenamente protegidos, mediante atención oportuna, trabajo coordinado y mayor capacidad de respuesta desde los municipios.

La presidenta del Patronato recordó que, desde su llegada al organismo asistencial, se han impulsado mecanismos para atender y restituir los derechos de niñas, niños y adolescentes. Señaló que el incremento de la violencia familiar, el abuso sexual y la omisión de cuidados ha generado un aumento en la población atendida en los Centros de Asistencia Social del DIF Hidalgo.

Explicó que la reforma de ley aprobada por unanimidad por la LXVI Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo y publicada el pasado 13 de abril era necesaria, debido a que la atención se estaba concentrando en el ámbito estatal y se buscó que niñas, niños y adolescentes violentados pudieran recibir apoyo directamente en sus municipios.

Edda Vite también señaló que los Centros de Asistencia Social han sido rehabilitados para ofrecer mejores condiciones a las víctimas de violencia que no cuentan con redes familiares, al tiempo que insistió en la importancia de fortalecer la prevención, el acompañamiento y evitar la revictimización.

Subrayó que cada procuraduría municipal que inicia funciones representa una oportunidad para proteger a tiempo a una niña, niño o adolescente, al construir una red cercana, humana y comprometida con la prevención, para que las familias encuentren apoyo antes de que una situación de riesgo las rebase.

La presidenta del Patronato felicitó a la alcaldesa de Tizayuca, Gretchen Atilano Moreno, y al presidente municipal de Tolcayuca, Armando Zúñiga, así como a sus equipos de trabajo, integrantes de las asambleas y personal de los Sistemas Municipales DIF, encabezados por Martha Moreno y Ximena Guerrero, respectivamente, por sumarse al fortalecimiento de la protección de la niñez y adolescencia.

Por su parte, Gretchen Atilano destacó que en Tizayuca las atenciones por vulneración de derechos pasaron de 40 casos en 2021 a más de 700 en 2025, en un municipio donde más de 55 mil menores de edad representan cerca de una tercera parte de la población.

Asimismo, se exhortó a las y los profesionales de las áreas jurídica, psicológica y de trabajo social a mantener una coordinación estrecha con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que continuará impulsando espacios de actualización como el Primer Encuentro de Procuradurías Municipales, realizado el pasado 19 de mayo con respaldo del Gobierno del Estado de Hidalgo.

Finalmente, Edda Vite hizo un llamado a la sociedad civil, docentes, madres y padres de familia, así como a profesionales de la salud, a no normalizar la violencia o el castigo como formas de disciplina y a promover una crianza basada en el respeto, la comunicación y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.