Hidalgo registró una derrama económica de 737 millones de pesos durante la segunda edición de La Gran Escapada 2026, resultado que colocó a la entidad entre los principales referentes nacionales en turismo comunitario.

La estrategia se llevó a cabo del 18 al 21 de junio y contó con la participación de 59 establecimientos hidalguenses. En el estado, el turismo comunitario fue el segmento predominante dentro de la oferta, a diferencia de lo ocurrido en la mayoría de las entidades participantes.

De acuerdo con los resultados del programa organizado por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), las experiencias relacionadas con las comunidades, la cultura, la gastronomía y el patrimonio local despertaron un creciente interés entre las y los visitantes.

La secretaria de Turismo del Estado de Hidalgo, Elizabeth Quintanar Gómez, señaló que los resultados muestran el avance de un modelo turístico que busca generar beneficios directos para las comunidades y ampliar las alternativas disponibles para quienes visitan la entidad.

La funcionaria destacó que el turismo comunitario permite a las personas conocer las tradiciones, la gastronomía, la cultura y las formas de vida de las distintas regiones de Hidalgo.

Añadió que esta estrategia forma parte de la política impulsada por el gobernador Julio Menchaca Salazar para diversificar la oferta turística y lograr que más familias obtengan ingresos mediante esta actividad.

El presidente de la Concanaco-Servytur, Octavio de la Torre de Stéffano, reconoció la identidad turística de Hidalgo, caracterizada por sus aguas termales, bosques de niebla, comunidades que conservan su cultura y una gastronomía con siglos de historia.

Pachuca y Acaxochitlán concentran la mayor participación

Pachuca de Soto y Acaxochitlán fueron los municipios con mayor actividad dentro de La Gran Escapada 2026, lo que refleja que la oferta turística estatal continúa ampliándose más allá de los destinos tradicionales.

Los giros con mayor participación fueron alimentos y bebidas, alojamiento y agencias de viajes.

La iniciativa también contó con la colaboración de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, encabezada por Josefina Rodríguez Zamora; la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), dirigida por César Iván Escalante Ruiz; y las secretarías de Turismo de las 32 entidades.

En Hidalgo, la coordinación se realizó a través de la Canaco-Servytur Pachuca, presidida por María del Rocío del Arenal Pérez, dentro de la estrategia nacional impulsada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La Gran Escapada supera resultados de 2025

A nivel nacional, la segunda edición de La Gran Escapada concluyó con una derrama económica de 44 mil millones de pesos, cifra que representó un incremento del 10 por ciento respecto a 2025.

El programa reunió a 6 mil 557 establecimientos de las 32 entidades federativas y puso a disposición del público 114 mil experiencias turísticas.

Además, generó 280 millones de impactos en medios de comunicación, plataformas digitales y redes sociales, de acuerdo con el organismo empresarial encargado de la iniciativa.

La derrama obtenida por Hidalgo y el predominio del turismo comunitario fortalecen el posicionamiento de la entidad como un destino con experiencias vinculadas directamente con sus comunidades, su patrimonio cultural y su diversidad natural.

Un total de 86 planteles de Hidalgo fueron certificados como Escuelas Promotoras de la Salud durante los primeros cinco meses del año, con acciones que beneficiaron directamente a 3 mil 692 estudiantes de educación básica y media superior.

La estrategia fue desarrollada por la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH), en coordinación con la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), para fortalecer el bienestar físico, mental y social de niñas, niños y jóvenes.

La secretaria de Salud, Vanesa Escalante Arroyo, informó que entre la población beneficiada se encuentran mil 490 estudiantes pertenecientes a comunidades indígenas y 18 integrantes de población migrante.

Los planteles certificados corresponden a 14 preescolares, 53 primarias, nueve secundarias y 10 instituciones de educación media superior.

Además, en estas escuelas se impartieron 148 talleres de promoción de la salud dirigidos a estudiantes, docentes, madres, padres de familia y personas tutoras, con una asistencia acumulada de 5 mil 437 participantes.

Las actividades buscan fomentar estilos de vida saludables, mejorar el rendimiento académico y contribuir a la construcción de entornos escolares seguros, incluyentes y favorables para el desarrollo integral del alumnado.

Vanesa Escalante explicó que la estrategia se aplica con base en el Manual para la Certificación de Escuelas Promotoras de la Salud, Versión 2.0, elaborado por el Gobierno de México.

La metodología contempla cinco ejes principales: el desarrollo de proyectos de aula, escolares y comunitarios; la impartición de pláticas a madres, padres, tutores y responsables de establecimientos de consumo escolar; la realización de pausas activas; la promoción de recreos activos; y la aplicación de lineamientos para la preparación y venta de alimentos saludables.

De acuerdo con la funcionaria, la certificación también ayuda a disminuir el ausentismo y fortalece el desempeño escolar, al tiempo que promueve hábitos que las y los estudiantes pueden replicar en sus hogares y conservar durante la vida adulta.

Las acciones preventivas están orientadas a reducir riesgos relacionados con obesidad infantil, diabetes de aparición temprana, enfermedades bucales e infecciones.

También incluyen actividades para cuidar la salud mental, fortalecer la convivencia armónica y prevenir situaciones de violencia y acoso escolar.

La certificación de las 86 escuelas forma parte de la estrategia interinstitucional impulsada por el gobierno de Julio Menchaca Salazar para ampliar los entornos educativos saludables y mejorar el bienestar de la comunidad estudiantil.

Hidalgo ocupa el primer lugar del país en denuncias presentadas ante el Ministerio Público contra personas servidoras públicas por la probable comisión de delitos relacionados con el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con el Censo Nacional de Gobiernos Estatales del INEGI 2025.

Este resultado fue presentado como parte de un caso de éxito en investigación de responsabilidades administrativas durante el Noveno Encuentro Nacional de Autoridades Investigadoras y Substanciadoras, realizado el 17 de julio en Colima.

Hidalgo fue una de las seis entidades federativas seleccionadas para exponer una ponencia ante representantes de los 32 estados del país, en la que se compartieron los resultados obtenidos mediante la aplicación de buenas prácticas institucionales.

Claudia López Torres, directora general de Responsabilidades Administrativas, explicó que el procedimiento expuesto tuvo su origen en una denuncia ciudadana, lo que mostró la importancia de la participación social para detectar posibles irregularidades y fortalecer la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas.

Durante la presentación también se abordó el modelo de coordinación impulsado por la Contraloría estatal, encabezada por Álvaro Bardales, en colaboración con la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción.

Este esquema permite fortalecer la investigación de faltas administrativas graves y, cuando existen elementos suficientes, promover su atención por la vía penal ante las autoridades correspondientes.

El primer lugar nacional registrado por Hidalgo refleja, de acuerdo con lo expuesto, el fortalecimiento de la coordinación institucional y de los mecanismos utilizados para atender posibles actos de corrupción cometidos en el ejercicio del servicio público.

La participación de la entidad en el encuentro permitió compartir experiencias, procedimientos y buenas prácticas con autoridades investigadoras y substanciadoras de todo el país.

El intercambio busca mejorar las capacidades institucionales para investigar responsabilidades administrativas, atender denuncias ciudadanas y dar seguimiento a los casos que pudieran derivar en faltas graves o posibles delitos.