27 de enero de 2026, Tula de Allende y Zempoala, Hidalgo. Como parte de los despliegues permanentes para reducir la incidencia delictiva y fortalecer la seguridad en zonas consideradas prioritarias, corporaciones estatales y federales lograron resultados relevantes mediante acciones preventivas y operativas en ambos municipios.

En el caso de Tula de Allende, los trabajos de vigilancia permitieron la intervención de tres personas —dos de 34 años y una de 47—, quienes fueron detectadas en posesión de diversas dosis de sustancias presuntamente ilícitas. Durante la misma acción, fue localizada y asegurada una camioneta marca Mazda que contaba con reporte de robo vigente, la cual quedó a disposición de la autoridad correspondiente para las investigaciones legales.

Estas labores forman parte de la estrategia enfocada en inhibir actividades que alteran el orden público y en recuperar condiciones de tranquilidad para la población, reforzando la presencia institucional en puntos estratégicos del municipio.

De manera paralela, en Zempoala, elementos de seguridad aseguraron a una mujer de 33 años de edad, de nacionalidad colombiana, quien presuntamente portaba varias dosis de una sustancia con características similares a la marihuana. Además, fue resguardado un predio que estaría vinculado con actividades irregulares, el cual quedó bajo custodia para el desarrollo de las diligencias correspondientes conforme a los protocolos legales.

Las autoridades reiteraron que estos resultados son producto de la coordinación interinstitucional y del fortalecimiento de los operativos permanentes, con el objetivo de preservar el orden, prevenir conductas delictivas y garantizar entornos más seguros para las familias de la región.

El seguimiento de estas acciones busca consolidar una estrategia de seguridad sostenida que genere confianza ciudadana y contribuya a la estabilidad social en los municipios intervenidos.

30 de enero de 2026, Pachuca de Soto, Hidalgo. El Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) Pachuca llevará a cabo una Jornada de Vacunación y Registro al programa IMSS Bienestar, con el objetivo de ampliar el acceso a servicios médicos y fortalecer la protección de la salud, principalmente entre personas que no cuentan con seguridad social.

Durante la actividad, las y los asistentes podrán recibir de manera gratuita vacunas contra Influenza, COVID-19, Neumococo y SRP, con la finalidad de prevenir enfermedades y reducir riesgos en la población, especialmente en niñas, niños y personas en condición de mayor vulnerabilidad.

La presidenta del Patronato del DIF Pachuca, Mariana Mayen Lozada, destacó que la inmunización representa una de las acciones más efectivas para proteger la salud infantil y garantizar un desarrollo adecuado, al tiempo que fortalece la prevención comunitaria y la cultura del cuidado.

Además de la aplicación de vacunas, quienes lo requieran podrán realizar su registro al programa IMSS Bienestar, lo que les permitirá acceder sin costo a servicios médicos como consultas, medicamentos, estudios de laboratorio y procedimientos quirúrgicos, ampliando así la cobertura de atención para las familias que no cuentan con afiliación a un sistema de seguridad social.

La jornada se desarrollará este viernes 30 de enero, en un horario de 09:00 a 14:00 horas, en las instalaciones del Sistema DIF Pachuca, ubicadas en Parque Hidalgo número 120, colonia Centro, en Pachuca de Soto.

Con esta iniciativa, el DIF municipal refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con las instituciones de salud para garantizar que más personas tengan acceso oportuno a servicios médicos preventivos y de atención integral, fortaleciendo el bienestar comunitario.

27 de enero de 2026, Pachuca de Soto, Hidalgo. Durante los primeros tres años de la administración estatal, los comités ciudadanos que integran el modelo de Contraloría Social han dado seguimiento a proyectos de infraestructura pública que en conjunto representan una inversión superior a los 5 mil 118 millones 828 mil 430 pesos en la entidad.

Octavio Hernández Ibarra, analista de la Dirección de Contraloría Social de la Secretaría de la Contraloría estatal, informó que, hasta el momento, se ha capacitado a 7 mil 293 comités ciudadanos, responsables de verificar que las obras se ejecuten conforme a los estándares de calidad, tiempos establecidos y correcta aplicación de los recursos públicos.

El funcionario explicó que la Contraloría Social funciona como un mecanismo de vigilancia directa por parte de los propios beneficiarios, quienes supervisan que los proyectos cumplan con lo autorizado y que los fondos asignados se utilicen de manera transparente. La integración de estos comités corresponde a los ayuntamientos, a través de los cabildos, ya que son las instancias facultadas para administrar los expedientes técnicos de las obras programadas cada año en los municipios.

Hernández Ibarra detalló que se ha logrado que los gobiernos municipales entreguen a los comités copias de los expedientes técnicos, lo que permite a la ciudadanía conocer el origen de los recursos, los alcances de cada proyecto y las metas que deben cumplirse. Esta información se convierte en una herramienta clave para que la supervisión sea objetiva y efectiva.

Asimismo, indicó que algunos comités ya trabajan de manera coordinada con las empresas responsables de la ejecución de las obras, iniciando la vigilancia desde el arranque de los proyectos hasta su conclusión, lo que fortalece el control social y previene posibles irregularidades.

El analista destacó que la participación ciudadana complementa el trabajo institucional y refuerza la transparencia, al generar una mayor corresponsabilidad en el uso de los recursos públicos. De cara a 2026, el programa mantiene como prioridad ampliar la participación social, asegurando que las obras se desarrollen conforme a lo establecido en los expedientes técnicos, en apego a las directrices marcadas por la Contraloría estatal.

El objetivo final es que la población tenga pleno conocimiento de cómo se ejecutan los proyectos públicos y cuente con herramientas para verificar que se realicen con calidad, en tiempo y con apego a la normatividad, consolidando un modelo de supervisión con respaldo ciudadano y mayor confianza social.