Las personas trabajadoras pueden acudir directamente ante un Tribunal Laboral sin pasar primero por la conciliación obligatoria cuando el conflicto involucra derechos fundamentales, seguridad social, discriminación, acoso u otras excepciones previstas en la Ley Federal del Trabajo.

Mariela Valero Mota, directora general del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Hidalgo (CCLEH), explicó que el actual modelo de justicia laboral busca resolver la mayoría de los desacuerdos entre trabajadores y empleadores mediante el diálogo, antes de iniciar un juicio.

Sin embargo, el artículo 685 Ter de la Ley Federal del Trabajo establece situaciones específicas en las que no es necesario agotar esta etapa y la persona afectada puede presentar directamente su caso ante la autoridad judicial.

Entre las excepciones se encuentran los asuntos relacionados con la seguridad social, como la determinación de beneficiarios cuando una persona trabajadora fallece, así como los casos en los que una institución no ha reconocido una pensión derivada de un riesgo de trabajo, enfermedad o accidente.

La conciliación tampoco es obligatoria cuando existen posibles violaciones a derechos fundamentales, entre ellas la discriminación por embarazo, orientación sexual, raza, religión u origen étnico.

La misma disposición aplica en casos de acoso u hostigamiento sexual, debido a la naturaleza de los hechos y a la protección especial que requieren las personas afectadas.

Cuando el personal del CCLEH identifica que una solicitud corresponde a alguna de estas excepciones, informa a la persona trabajadora que puede acudir directamente al Tribunal Laboral, conforme a lo establecido en la legislación federal.

Los conflictos que sí pueden ser atendidos mediante conciliación están relacionados principalmente con despidos, terminación de la relación laboral, falta de pago de prestaciones y reconocimiento de derechos de antigüedad, entre otros desacuerdos entre empleados y empleadores.

Este procedimiento permite buscar acuerdos antes de iniciar un juicio, mientras que las excepciones garantizan que los casos relacionados con derechos fundamentales o seguridad social reciban atención directa de la autoridad judicial.

La recuperación del río Tula contempla una intervención integral para sanear el agua, reducir riesgos de inundaciones, restaurar ecosistemas y recuperar espacios públicos en beneficio directo de alrededor de 800 mil habitantes de Hidalgo. El proyecto incluye acciones en el cauce, las comunidades y toda la cuenca, además de obras prioritarias en la presa Endhó, la laguna de Bojay y el Parque Nacional Tula.

La estrategia forma parte del plan del Gobierno de México para atender algunos de los ríos más contaminados del país, afectados durante décadas por el crecimiento urbano desordenado, las descargas de aguas sin tratamiento y la contaminación industrial.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se explicó que el deterioro de la calidad del agua ha provocado daños en los ecosistemas, afectaciones a la biodiversidad y riesgos para el derecho de la población a contar con agua limpia y un medio ambiente sano.

La presidenta ha señalado en distintas ocasiones al gobernador Julio Menchaca Salazar que existe una deuda histórica con Hidalgo, por lo que la intervención del río Tula fue presentada como una acción de justicia social para las comunidades que durante años han enfrentado problemas ambientales y sanitarios.

El proyecto no se limitará a limpiar el cauce. La estrategia atenderá todo el sistema de la cuenca mediante la coordinación de autoridades federales, estatales y municipales, así como la participación directa de las comunidades para vigilar y conservar los avances.

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, explicó que el nuevo modelo de restauración combina infraestructura de saneamiento con soluciones basadas en la naturaleza, entre ellas la reforestación de cuencas, la revegetación de riberas y la recuperación de humedales.

“Estamos abordando todo el sistema integral de la cuenca, estamos yéndonos a construir con la naturaleza. Lo que estamos haciendo es justamente reforestar cuencas, revegetar riberas, porque la naturaleza sí nos ofrece muchas soluciones que son mucho más baratas”, señaló.

Acciones ambientales y obras contra inundaciones

En Hidalgo se contempla la ampliación del Parque Nacional Tula, la rehabilitación ambiental de la presa Endhó y la restauración integral de la laguna de Bojay, espacio que podría recibir la categoría de Área Natural Protegida.

También se realizan jornadas de reforestación con ahuehuetes, trabajos de saneamiento, fortalecimiento de plantas de tratamiento, construcción de colectores, manejo adecuado de residuos y acciones de participación comunitaria.

El director general de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López, informó que ya existen avances en el desazolve del río, la instalación de estaciones de monitoreo y los trabajos en la presa Endhó, donde fueron retirados 110 mil metros cúbicos de lirio acuático.

Además, se llevan a cabo fumigaciones para controlar la presencia del mosquito Culex y se ampliará la planta de tratamiento de la Comisión Federal de Electricidad. El proyecto también incluye seis kilómetros de obras de protección contra inundaciones.

Las autoridades trabajan en el ordenamiento de 140 descargas de aguas residuales, así como en la localización y eliminación de tiraderos clandestinos que contribuyen a la contaminación de la cuenca.

El río Tula tiene una longitud de 191 kilómetros, por lo que su recuperación representa una de las intervenciones ambientales de mayor alcance para Hidalgo y para las comunidades asentadas en sus alrededores.

La estrategia nacional contempla una inversión federal de 2 mil 46 millones de pesos durante 2025 y 2026. Para todo el sexenio se proyectan recursos superiores a los 20 mil millones de pesos, distribuidos en 93 proyectos que beneficiarán a 25 millones de personas en 10 estados del país.

En Hidalgo, las obras buscan disminuir los riesgos de inundación, mejorar la calidad ambiental, recuperar espacios naturales y reducir las afectaciones que durante décadas han enfrentado las familias cercanas al río Tula.

Una inversión de 3.2 millones de pesos permitió fortalecer la capacidad productiva de comunidades de Huasca de Ocampo, Epazoyucan y Mineral del Chico mediante la entrega de 28 proyectos del programa federal Salud y Bienestar Comunitario, impulsado por el Sistema DIF Hidalgo para mejorar la seguridad alimentaria, generar mayores ingresos familiares y elevar la calidad de vida de la población.

Durante la entrega realizada en el auditorio municipal de Huasca de Ocampo, la presidenta del Patronato del Sistema DIF Hidalgo, Edda Vite Ramos, señaló que estos apoyos buscan ofrecer herramientas que permitan a las familias producir más, administrar mejor sus recursos y contar con nuevas oportunidades de desarrollo económico. También destacó que los proyectos fueron diseñados a partir de las necesidades planteadas por las propias comunidades, en coordinación con los municipios.

La titular del organismo reiteró que la administración encabezada por Julio Menchaca Salazar mantiene un trabajo cercano con la población para atender las necesidades específicas de cada localidad. Asimismo, agradeció la colaboración del presidente municipal de Huasca de Ocampo, Luis Felipe Lugo; la presidenta del Sistema DIF Municipal, Mónica Arriaga Iglesias; el alcalde de Epazoyucan, Carlos Montaño Rodríguez; y la directora del DIF de Mineral del Chico, Nancy Manzano Ramírez.

Además de la entrega del equipamiento, los grupos comunitarios recibirán capacitación durante un año y seguimiento técnico por cinco años para fortalecer el funcionamiento de los proyectos. En el caso de quienes obtuvieron módulos de traspatio, también contarán con alimento para los animales durante seis meses, con el propósito de asegurar la continuidad de los beneficios.

Edda Vite Ramos reconoció la participación de los grupos comunitarios, integrados por alrededor de 15 personas, quienes colaboraron en la identificación de las principales necesidades de sus localidades para desarrollar proyectos acordes con cada comunidad.

En San Sebastián, municipio de Huasca de Ocampo, se invirtieron 1 millón 278 mil 618 pesos para instalar gallineros de traspatio, sanitarios con fosa séptica, techos seguros, quebradoras de nuez, tanques de almacenamiento de agua potable, pisos de cemento, lámparas solares LED para alumbrado público y una planta potabilizadora de agua.

Esta planta potabilizadora se incorporó por primera vez al programa como respuesta a las necesidades detectadas tras la vaguada monzónica registrada en 2025. El equipo tiene capacidad para potabilizar 500 litros de agua por hora y puede ser operado por una sola persona.

En la comunidad de Maguey Blanco, municipio de Epazoyucan, se destinaron 1 millón 173 mil 579 pesos para la instalación de estufas ahorradoras de leña, gallineros de traspatio, fortalecimiento de rodadas comunitarias, un tanque de almacenamiento de agua, techos seguros, un botiquín de primeros auxilios y otra planta potabilizadora.

Por su parte, la comunidad de Cerro Alto, en Mineral del Chico, recibió una inversión de 757 mil 189 pesos para desarrollar huertos familiares, instalar techos seguros y contar con una planta potabilizadora de agua, acciones que buscan fortalecer las condiciones de bienestar y desarrollo de las familias beneficiadas.