Febrero de 2026, Ciudad de México.— La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que del 10 al 14 de febrero se realiza la entrega de la Tarjeta del Bienestar a las personas que se registraron en diciembre pasado en la Pensión Mujeres Bienestar y en la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

La funcionaria explicó que el registro a estos programas se abre cada dos meses para mujeres que cumplen 60 años y para personas adultas mayores que alcanzan los 65 años, con el propósito de incorporar de manera progresiva a quienes cumplen con los requisitos de edad.

Para facilitar el proceso, las personas registradas recibirán un mensaje de texto SMS donde se les indicará la fecha, hora y lugar para acudir a recoger su tarjeta. También podrán consultar la información mediante su CURP en el portal oficial de la Secretaría de Bienestar.

Montiel Reyes precisó que, para recibir la tarjeta, es indispensable acudir en el horario asignado, presentar identificación oficial vigente (original y copia) y entregar el talón del registro de solicitud.

Asimismo, exhortó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales de la dependencia, como sus redes sociales institucionales, la Línea de Bienestar y el sitio web gubernamental.

Actualmente, 3 millones de mujeres de 60 a 64 años reciben la Pensión Mujeres Bienestar, programa que reconoce su aportación al desarrollo familiar y social. De igual manera, 13.2 millones de personas adultas mayores son derechohabientes de la Pensión para el Bienestar, consolidando uno de los esquemas de apoyo social con mayor cobertura en el país.

La entrega de tarjetas forma parte del proceso de incorporación que garantiza el acceso directo a los apoyos económicos, fortaleciendo la política social orientada a la protección y bienestar de los sectores prioritarios.

Febrero de 2026, Ciudad de México.— En el Palacio Legislativo de San Lázaro fue presentado el libro Entre La Constitución Y La Campaña Mediática, obra que examina el debate público generado tras la asignación de diputaciones federales en 2024 y sostiene que la controversia no surgió de manera espontánea, sino como resultado de una narrativa difundida de forma sistemática en determinados espacios mediáticos.

La publicación fue presentada por Alejandra Tello Mendoza, jefa de unidad de investigación de la Escuela Judicial Electoral, y por el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata Pizaña, en un acto realizado en el Salón Verde del recinto legislativo, con la presencia de autoridades electorales y legislativas.

Tello Mendoza explicó que el libro documenta cómo la discusión sobre la distribución de curules por el principio de representación proporcional fue amplificada por una narrativa reiterada en el discurso público, lo que —afirmó— generó presión indebida sobre las autoridades electorales y procesos de cuestionamiento institucional que trascendieron el debate jurídico.

Por su parte, el magistrado De la Mata Pizaña subrayó que la función de un juez constitucional no consiste en legislar, sino en aplicar el texto constitucional y los precedentes vigentes, los cuales brindan certeza jurídica a la ciudadanía. Sostuvo que el Tribunal actuó conforme a lo establecido en la Constitución y a los criterios consolidados desde 2009 para la asignación de diputaciones de representación proporcional.

El magistrado señaló que el acuerdo emitido por el Instituto Nacional Electoral en diciembre de 2023, que definió el mecanismo de asignación aplicable al proceso electoral, no fue impugnado en su momento y, por tanto, quedó firme. Afirmó que modificar las reglas después de la jornada electoral habría vulnerado el principio de legalidad.

Durante la presentación también participaron el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila; el vicepresidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna; el presidente de la Comisión para la Reforma Política-Electoral, Víctor Hugo Lobo Román; y la presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Maiella Gómez Maldonado. Asimismo, acudió la secretaria ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino, en representación de la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala.

Los autores señalaron que la obra busca aportar elementos de análisis sobre el papel de la interpretación constitucional, los precedentes judiciales y la influencia del discurso público en procesos electorales, en un contexto donde la legitimidad institucional depende del respeto a las reglas previamente establecidas.

La situación jurídica de Yahleel Abdalá Carmona, exsecretaria de Bienestar Social de Tamaulipas, ha dado un giro crítico. Tras faltar por quinta ocasión a un citatorio judicial el pasado domingo 8 de febrero de 2026, un juez de control la declaró formalmente sustraída de la acción de la justicia, lo que faculta a la Fiscalía Anticorrupción para solicitar su captura inmediata.

La exfuncionaria de la administración de Francisco García Cabeza de Vaca es señalada por el presunto uso indebido de atribuciones y facultades. La acusación central apunta a irregularidades en la compra de despensas que habrían generado un daño al erario estatal por 985.2 millones de pesos, según el proceso penal 733/2025.

Cinco inasistencias y certificados médicos rechazados

A pesar de las advertencias previas del juez Juan Artemio Haro Morales, la defensa de Abdalá Carmona no logró justificar su ausencia. Aunque se presentaron certificados médicos alegando diversos padecimientos, la autoridad judicial determinó que estos documentos no eran suficientes para frenar el proceso, considerando las inasistencias como una estrategia de evasión.

Perfil de la imputada:

• Carrera Política: Inició en las filas del PRI y posteriormente se unió al PAN.
• Cargos: Fue candidata a la alcaldía de Nuevo Laredo y ocupó la titularidad de Bienestar Social entre octubre de 2021 y septiembre de 2022.
• Contexto: Su caso es una de las piezas clave en las investigaciones contra la estructura del exgobernador Cabeza de Vaca por presuntos actos de corrupción.